sociedad
Libertad y pluralismo
ARTÍCULO DE ALEJANDRO LLANO, CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA,
EN GACETA DELOS NEGOCIOS, JUEVES 12 DE COTUBRE DE 2006
Se cuenta del viejo Henry Ford que decía a cada uno de sus clientes: “Puede usted elegir para su coche el color que quie¬ra, siempre que sea negro”. La ironía de la frase estriba en que no hay liber¬tad real sin posibilidad de elección en¬tre varias opciones. Lo cual parece ob¬vio, pero no siempre se encuentra re¬flejado en la práctica. Por ejemplo, pre¬tenden algunos en nuestro país que haya libertad de educación siempre que sea en el ámbito de la escuela pú¬blica o, en el mejor de los casos, con el complemento de una enseñanza con¬certada férreamente reglamentada por la burocracia oficial. Es lo típico de la izquierda radical: proclamar sus ímpetus liberadores al tiempo que se dirige con mano firme el proceso supuesta¬mente liberador. Las ideologías totali¬tarias—y esto también vale para la ex¬trema derecha—mantienen a ultranza que la libertad tiene que fluir de una ordenación necesaria
Pero lo cierto es que la libertad no puede surgir de la necesidad. No hay más libertades que las que proceden de personas reales y concre¬tas, agrupadas volunta¬riamente en institucio¬nes, asociaciones o parti¬dos, Como decía Edmund Burke, cuando los ciuda¬danos actúan solidaria¬mente, su libertad es po¬der. Lo propio de la demo¬cracia es que el poder sur¬ge de la libertad. Lo carac¬terístico da la mentalidad totalitaria es que se pre¬tende que sea el poder el que imponga un modo de¬terminado de entender la libertad, lo cual es un con¬trasentido.
La esencia de la democracia no consiste en que se implante una de¬terminada corrección política. Lo que hace democrática a - una configura¬ción política es el pluralismo social y la presencia de alternativas. Dedicarse desde el poder político a descalifi¬car opciones que no atentan contra los derechos humanos ni son anticonstitucionales es algo escasamente compatible con un régimen de liber¬tades públicas. La madurez política exige que se respete a la minoría, so¬bre todo cuando prácticamente igua¬la en volumen a la mayoría.
Lo más inquietante de nuestra ac¬tual situación política es que los pre¬suntos representantes de media Espa¬ña están tratando de imponerse a- la otra media. Y su afán totalizante se di¬rige, además, a cuestiones medulares. Se trata de una especie de furor anti¬moralista que desprecia las más pro¬fundas convicciones áticas de un im¬portante sector de la población, al que ni se consulta ni se atiende.
Un ejemplo reciente lo constituyen las propuestas sobre la aprobación de la eutanasia por parte del consejo bioé¬tico de Cataluña. Respeto a su presi¬denta, Victoria Camps, tanto personal como intelectualmente, Pero no me pa¬rece realista su invitación a que se abra un amplio debate social sobre un tema tan decisivo como la posibilidad de acortar la vida y de legalizar la asis¬tencia al suicidio de personas sanas o enfermas. No hay más que fijarse en la composición de tal consejo para adver¬tir que no están representadas las pos¬turas favorables al respeto más cuida¬doso de la vida humana.
No me imagi¬no, por ejemplo, que quienes lo inte¬gran vayan a impulsar una investiga¬ción sobre los resultados de la legaliza¬ción de la eutanasia en Holanda.
He vi¬vido largas temporadas en ciudades alemanas fronterizas con los Países Bajos. Y he visto el temor reflejado en la mirada de personas maduras —ni si¬quiera ancianas o ancianos— que han fijado su residencia en Alemania para evitar ser víctimas de ese extraño afán que conduce a liquidar vidas con años de existencia por delante, sin contar con la autorización ni el permiso de los sujetos pasivos de la eutanasia. Dudo mucho, lo lamento, de que las voces contrarias a este abuso de la dignidad humana vayan a encontrar eco en las instituciones políticas o en los medios de opinión pública
Cuando las presiones se exacer¬ban, la objeción de conciencia repre¬senta la última posibilidad de defen¬der el pluralismo y salvar la libertad moral. Pero los ideólogos no quieren oír para nada de la apelación a la con¬ciencia. Lo más brillante que se les ocurre es supo¬ner que los obispos están detrás de este último es¬calón de la resistencia ci¬vil, Nos encontramos otra vez ante el viejo tru¬co de atribuir a la vícti¬ma la culpabilidad de los males que se le están causando. Ni en España ni en ningún otro lugar del planeta es la Iglesia la que tratada someter a otros. Eso se está haciendo, pero no lo están haciendo precisamente los ca¬tólicos. Cualquier persona mínima-mente informada lo sabe. ¿Por qué tanta insistencia en intentar difundir una falsedad pura y simple?
Por estos pagos se tiene una larga experiencia de que la libertad no pro¬cede del poder establecido ni es compa¬tible con el control político. No hay que esperar que la libertad descienda sobre los ciudadanos por graciosa concesión de los poderosos. Porque no existe más libertad que la que uno se toma. Y ésta, la libertad real, inseparable del plura¬lismo, hay que tomársela de una vez por todas.
SUMARIO
"Despenalizar la eutanasia afectaría a la confianza entre médico y paciente"
DiarioMédico.com
Miércoles, 25 de octubre de 2006
Andrés Ollero.
Tras la publicación de un libro sobre la vida y la muerte, Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, ha manifestado que el marco de confianza propio de la relación médico-paciente se deterioraría al despenalizar la eutanasia. Podría resolver un caso concreto, pero advierte de sus consecuencias jurídicas.
M. Esteban
25/10/2006
Bajo el título Bioderecho. Entre la vida y la muerte, Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, ha hecho un análisis jurídico de cuestiones como la eutanasia, el aborto y las técnicas de fecundación in vitro. En una entrevista concedida a Diario Médico, Ollero ha abordado las conclusiones de su libro, publicado por Thomson Aranzadi.
¿Qué efectos podría tener la despenalización de la eutanasia?
La profesión sanitaria se establece en un marco de confianza entre médico y paciente, y la despenalización lo deterioraría.
En Holanda los ancianos huyen de los hospitales porque no saben qué puede acabar allí sucediendo. Estamos ante un curioso paternalismo que consiste en obrar en contra del derecho de otro por su bien o porque no está en condiciones de expresar su voluntad.
¿Hay razones jurídicas para no despenalizarla?
Comprendo que desde el punto de vista moral predomina la compasión, pero jurídicamente hay que plantearse qué pasa al día siguiente.
El problema legal de la eutanasia tiene menos que ver con supuestos como, por ejemplo, Sampedro, que con lo que ha pasado o ha podido pasar en el Hospital de Leganés, en Madrid. Es decir, en qué medida se puede dar el caso de que en un centro se produzcan muertes en una cantidad estadísticamente llamativa como consecuencia de tratamientos contraindicados, según el informe de los peritos, algo que aún está por ver si es o no verdad. Si para resolver la situación de una persona se va a facilitar que en los hospitales puedan pasar estas cosas, habrá que andar con cuidado.
En cuanto al aborto, aboga por la defensa constitucional del no nacido. ¿Es suficiente la protección que el Tribunal Constitucional le otorgó en la sentencia de 1985?
El Constitucional no dice cómo debe regularse una materia, sino que establece un marco fuera del cual uno no puede moverse. Las leyes no tienen la última palabra, pues luego hay que interpretarlas.
Entre lo que regula el Código Penal y lo que se está produciendo hay un abismo.
¿A qué se refiere?
En España, con la regulación legal en la mano, podría haber un número mínimo de abortos. Sin embargo, la cifra es enorme porque la interpretación de la norma es extensiva. Por ejemplo, la ley habla de la posibilidad de abortar si hay peligro para la vida de la madre. El problema surge cuando ese concepto se sustituye por el de salud psíquica de la mujer, que consiste en una dolencia que nada tiene que ver con lo que está regulado.
¿Por qué es peligrosa una ley de plazos?
En nuestro país hay un sistema de indicaciones, es decir, todos los abortos son delito, pero no se castigan si concurre peligro para la salud de la madre, malformaciones genéticas y gestación tras una violación. Si hubiera una ley de plazos, durante un periodo determinado la madre tendría derecho a abortar. El Tribunal Constitucional excluye esta posibilidad porque al ponderar el bien jurídico de la madre con el del no nacido, dice que no pueden establecerse jerarquías a favor ni de uno ni de otro. Este sistema de plazos sí se recoge en el Estatuto de Cataluña, contraviniendo el espíritu de la sentencia del Constitucional, que ya veremos lo que dice al respecto.
¿Debe reconocerse el estatus de persona al no nacido?
En bioética hay una postura consolidada que defiende la existencia de la persona desde el momento de la concepción. Hay que argumentar desde el punto de vista jurídico, que no moral, que hay persona.
Los que defienden que no se basan en el Código Civil del siglo XIX, que establece el requisito de la figura humana porque no se sabía lo que de ahí iba a salir. Hoy en día se sabe incluso cuál va a ser el sexo del no nacido. El texto legal está lleno de sentido común al declarar que al no nacido se le tiene por nacido para los efectos que le sean favorables. Si no dice más claramente que el no nacido es persona es porque no se podía, o mejor dicho, porque no se veía. Hay un cambio en el concepto de viabilidad. Antes, al hablar de gestación, se entendía que estábamos frente a un proceso continuo. Ahora hablamos de embriones sobrantes, un concepto trágico que supone familiarizarse con la idea de que hay seres humanos que no son personas, algo que se había superado cuando se abolió la esclavitud.
Tiempo de agobios
Jaime Nubiola
La Gaceta de los Negocios, 16 de noviembre del 2006, p. 3
Los tiempos que corren son para muchos un tiempo de agobios. No sÛlo se agobian quienes ostentan altas responsabilidades en los destinos de los paÌses o en la compleja gestiÛn de las grandes fusiones empresariales, sino que se agobia el tendero de la esquina, el chÛfer del autob•s o la madre que acompaÒa a sus hijos al colegio. Los estudiantes se agobian por los trabajos que han de presentar, pero tambiÈn por la acumulaciÛn de fiestas, de mensajes en el mÛvil o de llamadas perdidas. Los jubilados se agobian, porque muchas veces ya no tienen nada que hacer y toman sobre sÌ las responsabilidades de sus hijos o de sus nietos. De hecho, el "ando agobiado" o el "estoy agobiada" es una de las frases m•s recurrentes en la conversaciÛn ordinaria como expediente f•cil para eludir las propias responsabilidades. Y tambiÈn ocurre con frecuencia al recordar a alguien cu•les son sus deberes u obligaciones que se reciba como recurso exculpatorio un "Por favor, no me agobie".
Hace unas pocas semanas asistÌa a un congreso en una hermosa ciudad andaluza. El autob•s, que debÌa recogernos en el hotel para llevarnos por la maÒana a la sede del congreso, llegÛ con media hora de retraso. Era un dÌa lluvioso y con abundante tr•fico y en una maniobra poco feliz el enorme espejo retrovisor del exterior del autocar golpeÛ con un poste y se rompiÛ. Hubo que parar para arreglar el desaguisado, mientras el conductor con fuerte voz y un marcado acento andaluz atribuÌa la causa de su impericia al "mardito eztrÈ" al que —seg•n Èl—la empresa le sometÌa. El estrÈs es el nuevo nombre del agobio. Mientras "agobio" parece tener su origen en el "gibbus" latino, giba, que lleva a pensar que la persona agobiada es la persona cargada de espaldas, con el "stress" anglosajÛn se hace m•s bien referencia a la tensiÛn o la presiÛn que una determinada situaciÛn plantea.
LlamÈmosle "estrÈs" o "agobio", se trata de un fenÛmeno f•cilmente identificable y que casi siempre puede remediarse aplicando un poco de inteligencia. Quienes lo padecen piensan que su causa est• en el exceso de actividades que tienen, pero, de ordinario, los problemas de agobio nacen realmente de la falta de atenciÛn. Los "estresados" —como el chÛfer de mi autob•s— se encuentran en ese estado de agitaciÛn que llamamos "estrÈs" por no haber prestado suficiente atenciÛn a la tarea que tenÌan entre manos. M•s a•n, si se observa con detenimiento se descubre f•cilmente que quienes se lamentan de estar agobiados es, de ordinario, porque tienen su atenciÛn desparramada en varias actividades simult•neas, en lugar de concentrarse en una sola cosa.
Es un notable error antropolÛgico no advertir que si nuestra atenciÛn se dispersa en diversas tareas, incluso aunque sean placenteras o atractivas, los resultados son muchÌsimo m•s pobres que si atendemos a una actividad detr•s de otra tratando de poner en cada una de ellas toda nuestra atenciÛn. Los seres humanos no somos m•quinas multitarea, sino que alcanzamos nuestra plenitud cuando atendemos a una sola persona o a una sola actividad que ocupa por completo nuestro horizonte vital en ese determinado momento. Por ejemplo, quienes dedicamos nuestro trabajo a atender personas, a veces una detr•s de otra y con un tiempo disponible limitado, hemos de tratar a cada una como si fuera la •nica del dÌa, sin distraer nuestra imaginaciÛn con la persona a la que hemos de recibir despuÈs o con la actividad a la que al terminar la entrevista habremos de prestar atenciÛn. Esto requiere disciplina de la imaginaciÛn. Con car•cter m•s general, podemos advertir que muchas personas trabajan pensando en las vacaciones y est•n de vacaciones pensando en el trabajo: siempre tienen la imaginaciÛn en otro lugar distinto al lugar y la tarea en la que realmente est•n y eso hace que vivan con enorme insatisfacciÛn la realidad cotidiana que tienen entre manos en cada momento.
Un grupo de flamenco cl•sico se llamaba "Hijos del agobio" y refleja bien ese nombre esta caracterÌstica de nuestro estilo de vida actual. Muchos de nuestros conciudadanos viven agobiados —asÌ nos lo repiten constantemente— y muchas veces no saben por quÈ. Creen que es por el exceso de obligaciones o por los atascos del tr•fico, pero realmente la causa de su estrÈs no est• en el exterior, sino en el interior: est•n agobiados porque les falta tiempo por dentro para vivir el presente y asÌ poder disfrutarlo, haciendo una cosa detr•s de otra, con paz y con una sonrisa.
*Jaime Nubiola es profesor de filosofÌa en la Universidad de Navarra (jnubiola@unav.es)
LA decisión de la Comisión de Sanidad del Congreso de pedir al Gobierno que regule la administración gratuita de la «píldora del día después», bajo prescripción médica, coincide con la constatación de que se está produciendo una peligrosa desviación en el uso de este medicamento por parte de los jóvenes. Al margen de las discrepancias, de gran importancia ética, sobre si se trata de un fármaco abortivo precoz -como la califica la Iglesia Católica- o un «anticonceptivo de emergencia» -según las administraciones autonómicas que ya la dispensan-, la píldora en cuestión no está diseñada como un sustitutivo de los métodos generales de anticoncepción, sino como un remedio último para evitar posibles embarazos. A pesar de este designio sanitario, una deficiente información sexual y una evidente laxitud en los requisitos de administración han convertido a la «píldora del día después» en la alternativa de muchos jóvenes para unas relaciones sexuales sin protección. El resultado, nada anecdótico ni jocoso, es visible en las colas que se forman de madrugada, en los fines de semana, ante los centros de salud de algunos de aquellos municipios donde se dispensa este fármaco. Hay razones para preocuparse por esta situación y para esperar un mayor control administrativo que evite la utilización desproporcionada de esta píldora. Alguna razón habrá para que un medicamento teóricamente destinado a evitar embarazos haya sido percibido por muchos jóvenes como una invitación a no tomar ninguna precaución en sus relaciones sexuales. Sin embargo, sea cual sea el fallo, existen razones médicas muy poderosas para que las administraciones públicas competentes tomen cartas en el asunto. La píldora del día después es eficaz entre el 85 y 95 por ciento de los casos si se administra en el plazo inmediato de setenta y dos horas, pero no previene, en absoluto, la transmisión de enfermedades venéreas o el sida. Por el contrario, la promiscuidad que genera el error o la ignorancia sobre sus propiedades empieza a mostrarse en el aumento del cáncer de cérvix y de otras patologías, como la sífilis.
Analizando la situación sólo con criterios de salud pública, es evidente que la «píldora del día después» requiere una intensa labor previa de educación sexual entre los jóvenes. Las estadísticas sobre el contagio de sida y el aumento de abortos entre las jóvenes son motivos suficientes para pensar que la educación sexual debería incidir más en el principio de responsabilidad individual y en enmarcar la sexualidad en el proceso de madurez personal. Quizá sea mucho pedir en las actuales circunstancias, pero también es posible prevenir embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades venéreas si la educación sexual amplía su horizonte y, junto con técnicas y precauciones, empieza a trasmitir a los jóvenes una visión menos superficial sobre las relaciones personales y el sentido profundo de la sexualidad.
Incendios forestales y Abortos
Rebuscando entre las noticias que han salido a la luz a lo largo del verano, escojo una de comienzos de julio. Un estudio del CSIC puso nuevamente de relieve las cifras de aborto en España, resaltando el fracaso de la política en materia de educación sexual. Por lo visto, el problema principal es el de embarazos entre adolescentes; la causa del mismo, que las chicas, aunque conocen los medios anticonceptivos, no son conscientes de los riesgos del sexo inseguro; y el remedio propuesto, introducir antes la educación sexual en la escuela, para que así mejoren los resultados.
Me llama la atención este planteamiento. Es como si, ante los repetidos fracasos de un método para dejar de fumar, pensáramos que en realidad los fumadores no han tomado conciencia del peligro del tabaco y decidiéramos aumentar las sesiones de ese método ineficaz.
Quizá. ésta ilógica conclusión del estudio mencionado se debe a que estaba patrocinado por los laboratorios Schering, fabricante de anticonceptivos e interesado en todo lo que pueda agrandar su cuota de mercado.
Puede que el verdadero problema sea la concepción que algunos tienen de la educación sexual como un conjunto de técnicas para provocar el goce, y sólo el goce. Como si la sexualidad se redujera a esto... A mí me enseñaron todo lo que sé sobre sexo mis padres, con su palabra y con su vida. Ninguna otra persona habría sido tan indicada para educarme en cuestiones que tienen que ver con el origen de mi propia existencia: el profesor más competente no habría podido superarles, porque me habría hablado como a un alumno, pero ellos me hablaron como a un hijo. Estoy seguro de que mi educación sexual habría sido muy deficiente si no me la hubieran dado mis padres, sino un tercero entrometido.
Además, el contenido de una educación sexual entendida de esa peculiar manera, es más que probable que sea contraria al modo de pensar de los padres: cuando en los 90 se empezó a ir por los colegios públicos, sé de uno (¿la excepción o la regla?) en el que, después de hablar a los chicos, se les advirtió que no comentaran nada en casa, porque no les comprenderían. La educación sexual debe ser tarea de los padres, porque, si el Estado se mete, acabará violando el derecho de aquéllos, a la educación de sus hijos. Por eso me pareció especialmente acertada una campaña del Ministerio de Sanidad de hace unos meses, protagonizada por Antonio Resines, precisamente sobre embarazos de adolescentes, en la que el mensaje central no concretaba ningún consejo en un sentido u otro, sino que se invitaba a los hijos a buscar y a hablar con los padres y viceversa.
El número de abortos (70.000 el último al año) muestra que la educación sexual oficial se ha planteado mal habitualmente, con unos errores que no nos permitimos en otros ámbitos. Por ejemplo, los incendios forestales nos han llevado a prohibir las hogueras en el monte, no a promover un fuego seguro, o un fuego con protección.
Una educación forestal que no previniera contra estas conductas de riesgo sería la causa última del consecuente aumento de incendios, y sólo una ceguera irresponsable culparía únicamente a los excursionistas. En este caso parece que todos estamos de acuerdo de lo inoportuno que sería provocar conductas de riesgo favoreciendo el número de fuegos, eso sí, insistiendo que los fuegos sea seguros y nunca se olviden de la debida protección
¿Por qué, en el caso que comentamos, no es fácil encontrar mayor agresión medioambiental que los 70.000 abortos no aplicamos la misma lógica del sentido común y fomentamos una educación positiva que disminuya las conductas de riesgo?
Ideas aportadas por el profesor Iñigo Fernández Gallardo
Se adjunta un artículo del profesor RAFAEL NAVARRO-VALLS publicado en el periódico El Mundo, que recoge bastantes de las ideas eque expuso el ilustre académico en la sesión del pasado 8.9.04
En rápida secuencia, tres acontecimientos han vuelto a poner en primera línea de atención el llamado matrimonio entre homosexuales. La Conferencia Episcopal española rechaza el proyecto de legalizarlos en España. El Senado de los Estados Unidos se muestra contrario a una enmienda constitucional que intentaba definir el matrimonio como una «unión entre un hombre y una mujer». En Australia, el Partido Liberal, en coalición con el Partido Nacional, ha presentado un proyecto de ley para que las uniones homosexuales no puedan considerarse matrimoniales.
Respecto a la nota de la Conferencia Episcopal, ya se han producido los primeros comentarios a favor y en contra, aunque no ha dejado de observarse la solidez de los argumentos antropológicos y jurídicos utilizados. En lo que respecta al debate norteamericano, los votantes en contra de la enmienda se han apresurado a proclamar que «no son partidarios del matrimonio homosexual»: lo que quieren es que el tema lo regulen los estados. ..Y, respecto al proyecto de ley australiano, la aprobación parece segura, ya que la oposición laborista (socialista) ha anunciado que no pondrá objeciones. Según su portavoz para asuntos de justicia, en Australia el matrimonio siempre ha sido heterosexual. Por tanto, añadió, «no vamos a escandalizarnos si el Gobierno presenta un proyecto que simplemente confirma la ley vigente».
Tanto en España como en Estados Unidos y Australia, las respectivas posiciones -a favor o en contra- no han dejado de observar que la cuestión del matrimonio entre homosexuales tiene una importancia relativa, si la comparamos con otras como la seguridad o el paro. En este sentido, es ilustrativo que la incidencia de las uniones homosexuales legales, en los países en que se han admitido, es bastante baja. Hasta ahora, ha sido más el ruido que las nueces
.Acaban de hacerse públicos en el Congreso anual de la Population Association of America (celebrado en la Universidad de Princeton del 1 al 3 de abril) los datos relativos a dos países pioneros en su legalización: Noruega y Suecia. Entre 1993 y 2001 se registraron en Noruega 1.293 parejas homosexuales (7 por cada mil); en cambio, hubo 190.000 matrimonios heterosexuales. En Suecia, entre 1995 y 2002, hubo 1.526 registros homosexuales (5 por cada mil) y 280.000 matrimonios.
No obstante esta baja incidencia de la unión legal homosexual, el problema radica en la distorsión de la noción de matrimonio que ha producido. Han transformado las relaciones familiares en simples relaciones socio-asistenciales o sexuales, produciéndose un impacto no positivo en el ecosistema de la familia conyugal. No conviene olvidar que el modelo matrimonial de Occidente no pretende esos reducidos efectos; lo que pretende es, junto al amor de los cónyuges, potenciar un estilo de vida que asegura la estabilidad social y el recambio y educación de las generaciones.
En el estudio al que acabo de aludir, se añade un dato de interés: el riesgo de divorcio es muy superior en las uniones homosexuales que en las heterosexuales. Realizado el ajuste de las distintas variables, la conclusión es que la probabilidad de divorcio en las parejas gays es un 35% más alta que en la de las uniones heterosexuales; en las lesbianas se triplica. De ahí que estas uniones se hayan denominado uniones de porcelana. Un ejemplo es el planteamiento del primer divorcio en Canadá de un matrimonio de lesbianas: la unión legal ha durado cinco días. De modo que, como ha detectado De Andrés, la posible aprobación en algún estado americano del matrimonio homosexual «ha disparado la imaginación de los círculos jurídicos norteamericanos, tradicionalmente avezados en sacar agua del desierto», es decir, siempre prestos a hacer negocio con las rupturas matrimoniales. La cuestión ha sido resumida por Jo Ann Citron, un abogado de Boston, de la siguiente manera: «Lo más importante que se logra con el matrimonio (entre homosexuales) es el divorcio». Y es que, ampliando la cuña del divorcio, ya de por sí amplia en el matrimonio heterosexual, con la inyección de la inestabilidad que producen las uniones legales homosexuales, se introduce una alteración en el propio corazón de la unión matrimonial, que hace algo más que proporcionar una salida rápida del matrimonio; también cambia las reglas para su entrada en él. Como añade Anderson, el marco legal de un divorcio rápido está diciendo a los futuros cónyuges «que inviertan menos en la comunidad marital, por lo que no debe sorprender que cada vez esperen menos de ella». ...
Estos y otros razonamientos son los que han llevado a destacados socialistas franceses a oponerse a la legalización del matrimonio entre homosexuales. Lionel Jospin, ex primer ministro, y Ségoléne Royal, ex ministra socialista de la Familia, han manifestado públicamente su disconformidad con un proyecto de ley presentado para equipar matrimonio y uniones homosexuales. En otro orden de cosas, más de 150 profesores de veinte países han publicado una declaración en defensa del matrimonio, a la que se han adherido 163 profesores de unas 80 universidades de cuatro continentes. Al mostrarse críticos con los proyectos de legalizar como matrimoniales las uniones entre homosexuales, insisten en no ser anti-gays, sino pro-matrimonio. La última iniciativa contraria a este tipo de matrimonios es la aprobación ayer mismo en la Cámara de Representantes norteamericana de una ley que prohíbe a los tribunales federales ordenar a los estados que reconozcan las bodas entre homosexuales realizadas en otros estados. Esta Ley de Protección del Matrimonio fue aprobada por 233 votos a favor y 194 en contra en la Cámara baja del Congreso. Su aprobación da nuevas fuerzas a los legisladores que se oponen al matrimonio entre homosexuales, tras el revés que sufrieron cuando el Senado rechazó una enmienda constitucional para prohibir las bodas entre personas del mismo sexo.
En fin, las contradicciones que encierra el llamado matrimonio homosexual se manifiesta también en la confusa encuesta que acaba de hacerse pública por el CIS
E
En definitiva, parece conveniente una más profunda reflexión antes de lanzarnos alegremente a la aventura jurídica propuesta recientemente en el Parlamento español. Prestar una mayor atención al desequilibrio en el ecosistema familiar que produciría el matrimonio homosexual no es muestra de homofobia alguna, sino de sensatez jurídica y respeto a las instituciones milenarias.
Rafael Navarro-Valls es catedrático en la
Universidad Complutense y experto en Derecho de familia.
6-8-2
JUSTINO SINOVA
Eutanasia
(El Mundo, 6-IX-2004)
El estreno de Mar adentro, la película de Amenábar sobre el tetrapléjico Ramón
Sampedro que se quitó la vida, ha reactivado de pronto la atención sobre la eutanasia. Ya tenemos el asunto instalado en la agenda de temas de esta vuelta de curso. La asistencia del presidente del Gobierno y de seis ministros al estreno además de ser, según coligen muchos, una devolución a los favores electorales recibidos de una parte del mundillo del cine ha dado pie para que se elucubre ya sobre la posibilidad más o menos próxima de cambiar la legislación sobre lo que alguien, erróneamente, llamó la «muerte digna».
Lo primero que hay que saber es de qué estamos hablando. La eutanasia consiste en poner fin a la vida de una persona enferma, disminuida o moribunda. Otra cosa bien distinta es la interrupción de un tratamiento médico extraordinario o desproporcionado cuando se ha certificado técnicamente que es ineficaz. Los dos actos son bien diferentes. El primero, que es el llamado eutanasia, interrumpe una vida; el segundo, señalado como encarnizamiento terapéutico, no la prolonga artificialmente. El primero es rechazable moralmente y está condenado por las legislaciones de la inmensa mayoría de los países; el segundo es un auxilio a un paciente cuando ya no se puede hacer más y se le están causando, por el contrario, penalidades añadidas. Nuestra legislación contempla hoy esta diferencia con claridad. El Código Penal de 1995 incluye la eutanasia en el artículo 143 junto a la inducción y la cooperación al suicidio, pues entiende que consiste en provocar la muerte, aunque aplica una pena menor al tomar en consideración la enfermedad (que debe ser grave) del paciente. De la otra conducta que consiste en la suspensión de auxilios terapéuticos desproporcionados, el Código no dice nada, pues entiende que se trata de no impedir una muerte por métodos condenados al fracaso.
Un debate sobre la eutanasia debe partir al menos del conocimiento de estos supuestos. ¿Los ciudadanos que responden a las encuestas tienen las ideas bien claras en un asunto tan complejo? Yo me temo que no. Por eso, es preocupante que el Gobierno se haya pronunciado, por boca de su vicepresidenta, a favor de la legalización «total y absoluta» de la eutanasia sólo condicionada a «un consenso social mayoritario». El problema es cómo se va a calibrar ese consenso. ¿Con un debate serio, sin etiquetajes frívolos, con participación de los expertos, sin emociones cinematográficas? El Gobierno tiene aquí una gran responsabilidad, y una prueba para su sensatez y su seriedad.
Psiquiatras y psicólogos españoles consideran negativo para los niños que sean adoptados por homosexuales
Los expertos coinciden en que es una «terrible injusticia» que el adoptado no pueda
contar con un padre y una madre.
Un gran número de psicólogos, psiquiatras y pedagogos se muestran contrarios a la adopción de niños por parte de homosexuales. Sin embargo, estos argumentos científicos no son atendidos por el Gobierno socialista, que mantiene su pretensión de legislar los matrimonios homosexuales y las adopciones. Los expertos inciden en que el debate social que se está generando es erróneo, pues se centra en defender los derechos de los homosexuales a adoptar, pero se olvida de que es el niño el depositario de este derecho. La Declaración Universal de los Derechos del Niño recoge este principio al establecer que el «interés superior del niño» debe ser el principio rector de los responsables de la educación del menor.
José R. Navarro Pareja
Madrid. Juan Pablo II contribuyó el pasado junio a centrar este debate al insistir que «las verdaderas conquistas sociales son las que promueven y tutelan la vida de cada uno y, al mismo tiempo, el bien común de la sociedad». «En este campo añadió, se dan algunas mal llamadas conquistas sociales, que lo son en realidad sólo para algunos a costa del sacrificio de otros». En una referencia clara a la adopción por parte de homosexuales, el Papa destacó el derecho de los niños a «nacer y crecer en un hogar estable, donde las palabras padre o madre puedan decirse con gozo y sin engaño». En este sentido recordó que la sociedad se beneficiaría en su conjunto «si no cede a ciertas voces que parecen confundir el matrimonio con otras formas de unión del todo diversas, cuando no contrarias al mismo, o que parecen considerar a los hijos como meros objetos para la propia satisfacción». El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, ante la aprobación en el parlamento de una Proposición no de ley del Partido Socialista que solicita la equiparación legal plena de la uniones de personas del mismo sexo, también hizo público un comunicado el pasado 15 de julio en el que recordaba que el bien superior de los niños exige que no sean «adoptados por uniones de personas del mismo sexo», puesto que no podrán encontrar en estas uniones «la riqueza antropológica del verdadero matrimonio». Los expertos han coincidido en señalar que este tipo de adopciones supondrían un experimento demasiado arriesgado, que pondría en peligro el futuro de los niños y sostienen que ninguna experiencia de este tipo es válida, ni pedagógica ni éticamente.
Aquilino Polaino, Catedrático de Psicopatología
«Al adoptado se le debe educación y afecto; es una terible injusticia que no pueda contar con el modelo de padre y madre, conforme a su naturaleza, indispensable para la formación de su propia identidad de género. Cualquier persona sin esa identidad está incompleta en lo más íntimo. Y si se adopta un niño es para hacer de él una persona plena».
A. Vallejo-Nágera, Psicóloga
«No deseo a ningún niño lo que no he deseado para mi misma. Me gusta, siempre me gustó, tener un padre y una madre. Cualquier otra combinación de progenitores me parece incompleta e imperfecta», declara la colaboradora habitual de prensa y radio y autora de Hijos de padres separados».
Juan José López-Ibor, Pte. Asoc. Mundial de Psiquiatría
«Un niño paternizado por una pareja homosexual entrará necesariamente en un conflicto en sus relaciones personales con otros niños. Se comportará psicológicamente como un niño en lucha constante con su entorno y con los demás. Creará frustración y agresividad. ¿Y cuántas cosas más? En definitiva, un ensayo que repercutirá en su persona».
Eduardo Bonelli, Psicólogo infantil
«Si no cuidamos la familia española, nuestra sociedad no podrá mejorar ni avanzar en ninguno de sus aspectos. Una familia necesita el equilibrio de un buen padre y una buena madre porque nadie los puede sustituir. Un niño necesita emocionalmente contar con ellos para poder evolucionar como ser humano».
Enrique Rojas, Catedrático de Psiquiatría
«El ser humano necesita firmeza y flexibilidad, autoridad y condescendencia, corazón y cabeza, fortaleza y ternura. Se trata de características complementarias que son aportadas por el padre y la madre. Es imposible una educación completa en un ambiente homosexual. Es antinatural condenar a un niño a una educación privada de padre o madre».
Charo Glez. Martín, Pedagoga
«La sexualidad no es algo anecdótico por eso, ignorarla es prescindir de una realidad que al final se impone. El acoger a un hijo y educarle implica todo el ser, y por ello influye la orientación sexual. Los niños y niñas necesitan de la dualidad y su falta supone unas carencias insustituibles».
Mónica Fontana, Especialista en Terapia Familiar
«Si la relación entre dos mujeres o entre dos hombres es natural, ¿por qué hay una imposibilidad biológica para procrear? Además, está comprobada la mayor promiscuidad de las uniones homosexuales, que se rompen cuatro veces más. Imaginemos las consecuencias sobre los niños tan necesitados de seguridad y de estabilidad por un segundo abandono».
Eduardo Ortiz, Psicopedagogo
«La adopción de niños se presenta como un derecho para los homosexuales. Pero los discursos sobre derechos y deberes dependen también de un trasfondo de creencias y valores. Hoy precisamente, ese trasfondo está en crisis. ¿Cómo puede plantearse así la adopción de parejas homosexuales?».
Jose María Sémelas, Psicoterapeuta
«Realmente hay un consenso generalizado entre los psicólogos y los psiquiatras de que el niño o niña, por su propia naturaleza humana en formación y desarrollo continuo, necesita de un padre y de una madre y no del rol o papel que se le quiera dar a éstos», declara el psiquiatra madrileño.
Fernando Trullols, Psiquiatra
«La adopción por homosexuales, sin perder nunca el enfoque humano hacia esas personas, es inadecuada. Un niño necesita complementariedad hombremujer, que no se le prive de lo que ha funcionado bien durante miles de años: una familia. El interés superior del niño debe ser lo más importante». José Domingo Pérez Psicólogo «Lo primordial no es el derecho a adoptar, sino el derecho de un niño que carece de padres a ser adoptado. Y, además, ser adoptado por las personas idóneas. ¿Es capaz una pareja de homosexuales de educar a un niño en todas sus posibilidades?».
Vicente Villar, Doctor en Farmacia
«Lo importante es ver si la adopción por parte de personas homosexuales es buena para los niños. El equilibrio de los dos sexos es fundamental para el desarrollo evolutivo infantil. El niño tiene derecho a ser adoptado por una pareja heterosexual para no quedar polarizado en una única dirección sexual».
Jose Ignacio Prats, Psicopedagogo
«El niño establece vínculos distintos y complementarios con el padre y con la madre. Tiene derecho a desarrollarse y a alcanzar su identidad personal donde experimente las características específicas de la feminidad y la masculinidad. No es lícito experimentar con seres humanos. Es un error antropológico».
Gloria Tomás, Médico
«Las leyes naturales establecen la alteridad sexual. De ahí surgen los hijos y ahí se ampara su protección. La adopción de homosexuales va contra la naturaleza y la felicidad humana. Supone por tanto una perversión de lo que la persona está llamada a ser»
Josefina Eugui, Médico
«La adopción de niños por homosexuales no debe ser legalizada por que debe tenerse en cuenta el bien del niño. Lo mejor para éste es la familia natural formada por un hombre y una mujer. Los estudios científicos sobre el buen resultado de la adopción por homosexuales son pocos y con fallos de realización».
Javier Romero, Médico
«La maternidad y la paternidad no son un derecho, son un acto de generosidad de los padres. Los niños que no han conocido el rol masculino o el femenino tienen una mayor tendencia a la homosexualidad que los que se han criado en familias compuestas por padre y madre, según lo demuestran los estudios»
Carmen Ávila de Encío, Psicóloga
«La psicología homosexual es contraria a la ordinaria de un varón o mujer. La orientación sexual antinatural nunca puede constituir un derecho, y esta orientación desviada propondrá modelos de conducta no adecuados. El niño tiene derecho educado en la normalidad».
J. Manuel Carbonell, Psicólogo
«En condiciones normales las aportaciones del padre y de la madre son mucho mejores que otros modelos. Desde los poderes públicos se debería apoyar a los padres que tienen dificultades para formar a sus hijos. Esto tendría un coste mucho mayor pero sería más rentable para la sociedad»
Mar Sánchez, Psicóloga
«El planteamiento de la paternidad es un acto de generosidad. La verdadera vocación de la paternidad no habla de los derechos de los padres, sino de los derechos de los niños. La práctica totalidad de expertos en la formación y educación de los niños se muestran contrarios a la adopción por homosexuales».
Salvador Peiró, Pedagogo
«La adopción de los niños está pensada para la salvaguarda del menor, para evitarle procesos educativos malformantes, de acuerdo con la dignidad que todo sujeto posee intrínsecamente. En general, y en todos los casos, el menor ha de prevalecer ante el adulto».
SOBRE LA DEMOCRACIA Y ALGUNOS MALENTENDIDOS
POR IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA.
Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de La Coruña/
TODOS hablan de democracia, pero no todos al hacerlo hablan sobre lo mismo. En unos casos, las discrepancias se deben a que la entienden de distinta manera. En otros, a que algunos llaman democracia a lo que no lo es, a lo que es otra cosa, incluso a lo que se opone a ella. Por eso no faltan las tergiversaciones y suplantaciones, y, también, los malentendidos. De entrada, aclaro que hablo de democracia en el único sentido en el que creo que existe verdaderamente, en el sentido representativo y liberal. Hay otros modos de concebirla que no son, a mi juicio, «democráticos»: la democracia radical, asamblearia, directa y totalitaria. Si no me equivoco, algunos malentendidos y errores sobre la democracia surgen porque se introducen en la concepción representativa y liberal principios opuestos a ella, procedentes de esas concepciones alternativas.
No faltan entre nosotros ejemplos y síntomas de estos malentendidos. Por ejemplo, cuando el Gobierno considera que las críticas de la Iglesia católica a su proyecto de extender la institución del matrimonio a las uniones homosexuales entraña una falta de respeto al Parlamento y, por ello, a la soberanía nacional y una ilegítima intromisión en la política. Bien es verdad que este anatema socialista sólo se exhibe cuando la Iglesia se opone a sus decisiones, no cuando las apoya. Y también es cierto que no considera intromisiones las tomas de posición de otras instituciones y grupos sociales. El resultado es que la Iglesia debe callar mientras que, pongamos por caso, una Asociación de Gays del Bajo Aragón tiene todo el derecho del mundo a opinar. Aquí no estamos ya ante una mera tergiversación de la democracia, sino ante la pura hostilidad antirreligiosa. Otro ejemplo lo suministra el derecho que se concede a la mayoría parlamentaria en las comisiones de investigación de impedir comparecencias solicitadas por una minoría. Cosa que, por cierto, no sucede en otros países democráticos.
La democracia es una forma o método político que posee valor moral, pero que no garantiza la moralidad de sus resultados, pues éstos dependerán, sobre todo, del criterio y de la formación moral de la mayoría de los ciudadanos. Se concede, por lo demás, una valoración excesiva al consenso como método para determinar lo que es o no correcto en el orden moral. Si es dudoso en el ámbito de la política, es falso en el orden moral. El diálogo verdadero puede ser camino para descubrir la verdad, pero no para inventarla o crearla. El acuerdo de voluntades es una excelente fórmula para determinar el contenido de las leyes, pero no para discernir entre el bien y el mal en sentido moral. La democracia es una forma de gobierno, no un método científico ni un criterio de la moralidad. Es una condición necesaria, pero no suficiente, de la justicia, pero no tiene nada que ver con la verdad, ni en sentido filosófico, ni científico, ni moral. Expresa un acto de voluntad, una forma de tomar decisiones colectivas. Pero la mayoría no tiene necesariamente razón. Lo que tiene es la fuerza democrática. Si abusa de ella, degenera en tiranía. Y abusa cuando reclama a la minoría no sólo el cumplimiento de la ley sino también la identificación de su propia opinión mayoritaria con la justicia y la verdad.
Todo esto, por lo que se refiere al principio de las mayorías. Pero éste no agota la esencia de la democracia. La formación de la opinión mayoritaria requiere la existencia de determinadas condiciones sin las que la democracia no puede existir. Así, el respeto a la decisión mayoritaria debe ir unida al respeto a las minorías y a la libertad de crítica. La opinión mayoritaria no posee un carácter sacrosanto sino meramente cuantitativo. Incluso cabe conjeturar que, desde el punto de vista moral, siempre será más acertada la opinión de la minoría (no, sin duda, de todas ellas; sólo de la que forman los mejores). Cuando una minoría o un grupo o institución discrepan de la decisión de la mayoría no vulneran la democracia sino que, por el contrario, la ejercen. De este derecho no debe quedar excluido nadie; ni siquiera, por cierto, la Iglesia católica. Si la opinión de la mayoría fuera siempre expresión de la justicia, o bien nunca debería cambiar o bien la justicia se identificaría con el capricho de las eventuales mayorías.
Andan por ahí algunos demócratas extraviados a quienes les desasosiega la posibilidad de que una religión o una doctrina filosófica se atribuyan el conocimiento o la posesión de la verdad. Y piensan, es un decir, que tamaña pretensión destruye la democracia a manos del dogmatismo oscurantista. Pueden sosegarse. Ni las leyes lógicas ni las teorías científicas se oponen a la democracia. Tampoco las verdades reveladas de la religión o las pretensiones de las doctrinas filosóficas de alcanzar la verdad. Donde, desde luego, no se encuentra la verdad es en las Ejecutivas de los partidos ni en las votaciones parlamentarias. Entre otras razones, porque no es su misión la de determinar lo verdadero y lo falso. Cuando el Papa u otras autoridades religiosas pretenden declarar la verdad revelada de la que son depositarios, o cuando Platón, Tomás de Aquino o Husserl aspiran a establecer la verdad filosófica, ni acatan ni se oponen a la democracia. Se encuentran en otro nivel. Sólo quienes aspiran a imponer por la fuerza a la mayoría (y a la minoría) su propia opinión vulneran la democracia. Un ejemplo, por si coopera con la claridad. Supongamos que el Parlamento español legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tan demócrata es quien está favor como quien está en contra, mientras no aspiren a imponer su criterio por la fuerza sino mediante la convicción. Tan antidemócrata es la minoría que, salvo el caso de objeción de conciencia, incumple la ley y pretende imponer por la fuerza su criterio, como la mayoría que impide la libertad de crítica y tilda al discrepante de antidemócrata. Decir lo que se piensa y proclamar lo que uno estima que es la verdad nunca es contrario a la democracia. Si lo fuera, desde este mismo momento, proclamaría que dejo de ser demócrata. Sólo faltaría que la ilustración y la democracia consistieran en liberar al hombre de la autoridad de Dios para someterlo a la tiranía de la plebe. Los laicistas frenéticos olvidan el fundamento religioso (cristiano) de la democracia y, despreciando lo que ignoran, socavan los fundamentos de los principios a los que se adhieren. No hay mejor fundamento de la igualdad y de la dignidad del hombre que su condición de hijo de Dios, ni más firme base para la solidaridad y la fraternidad que la hermandad de todos los hombres como hijos de Dios. Por lo demás, obedecer a los hombres puede ser servidumbre; obedecer a Dios es libertad. Todo cristiano sabe que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por mi parte, concedo a la mayoría el derecho a gobernar, si bien no de forma absoluta e incondicionada, mas no le concedo el derecho a legislar en el ámbito de la moral, propio de la conciencia y no de la opinión pública.
Santiago ARAUZ DE ROBLES
La perversión de las ideas comienza con la perversión del lenguaje. Si las palabras se vuelven ambiguas, se puede manipular sin compromiso, sin límites y en todo caso sin mala conciencia el concepto que significan.
Ahora asistimos, pasiva o interesadamente, y desde luego con alivio, a un profundo vaciamiento del significado real de muchas palabras que son fundamentales porque se refieren a realidades humanas básicas. Así «muerte». Según la real Academia, muerte es «cesación o término de la vida». Es decir, la llegada a su fin natural (eso significa término) de la existencia de una persona. La terminación traumática, artificial, de la vida se designa con otros verbos o sustantivos: matar que equivale a «quitar la vida» a otro, o asesinar; siendo el homicidio el «hecho de matar a un hombre», a un tercero, mientras que el suicidio significa matarse a sí mismo. El hombre es el único ser que sabe desde que tiene uso de razón que va a morir algunos animales sienten la proximidad de su fin, pero no lo saben ni se preguntan por la importancia de ese hecho. Carlos V recordaba a su hijo Felipe que nada es tan cierto como el morir ni tan incierto como su fecha, precisamente porque se trata de un hecho natural. Este significado rotundo de la palabra muerte, y el correlativo respeto radical a la vida, como primer valor en que se apoyan todos los demás: la existencia personal como desarrollo consciente del hecho de vivir, la cultura como emanación humana, la sociedad como trenzado de muchas vidas con algo en común hace que las acciones atentatorias al vivir se designen con otras palabras, como acabamos de ver. Y que la muerte natural esté nítidamente diferenciada por ejemplo, de la eutanasia que es el «acortamiento voluntario de la vida de quien sufre una enfermedad incurable», o del aborto, que es «interrumpir la hembra... el desarrollo del feto», en definitiva hacer inviable el nacimiento de la persona que lleva dentro. De manera que se coincide en el efecto extinguir la vida, oponerse a ella pero sin querer advertir que son muy distintas las causas (naturales o provocadas), los medios o procesos (el agotamiento natural de la historia personal, o la violencia), los agentes (uno mismo, o tercera persona), y el momento (antes de poder comenzar a escribir la propia historia, en plenitud de facultades, o ya en el ocaso de la vida). Existe un empeño o al menos una complaciente tolerancia en desdibujar contornos y unificar: todo es lo mismo se dice, la muerte es simplemente el negativo de la acción de vivir. Como significando, ¡qué más da cómo se llegue a ese punto! Lo cual no supone sólo irresponsabilizar conductas en torno a un hecho tan absolutamente radical como la muerte, sino de alguna manera trivializar también el sentido mismo de la vida. Cuando alguien dijo que lo más grave del aborto es su aceptación social, puso el dedo en la llaga. Y esa constatación coincide con otra igualmente importante: estamos pasando de la cultura de la vida a la cultura de la muerte, sin casi advertir fronteras. Lo cual es paradójico en una sociedad que, por lo demás, se muestra enormemente confiada en sí misma. En esa sociedad vamos aceptando cuentan las obras de los hombres, sus resultados, en cuanto que de ellos nos beneficiamos; pero cuenta apenas el hombre mismo. Y no porque se crea que sería una satisfacción que las obras humanas perduran, sino porque lo realmente «importante» es que, mientras se realizan, nos son útiles a los demás. La relativización del lenguaje va a vaciar de contenido, de su verdadero contenido, a la palabra muerte, y permite jugar socialmente con la muerte de las personas, enfocándola única o principalmente desde su utilidad social.
¿Y qué ocurre con la palabra matrimonio? Según también la Real Academia (que no hace invenciones de gabinete, sino que recoge la realidad natural, etimológica, social, histórica y cultural), matrimonio «es la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos...». Se duda lo saben bien los juristas si su raíz latina es «protección de la madre», o «donación de la madre». Mujer-madre, en todo caso, en su relación con el hombre, como realidad designada por la palabra matrimonio. ¿Por qué, pues, el empeño diario y tenaz de violentar esa realidad profunda de la palabra para aplicarla a cualquier otra forma de relación interpersonal? En lo que tengan de realidad social, natural o provocada, objetivamente valorada o por el contrario sobredimensionada, muchas relaciones entre personas bien del mismo sexo, bien de distintos sexos pero con intención de permanencia ¿por qué negaríamos, por ejemplo, algún tipo de efectos a una relación tan hermosa como la de la amistad?, deberán de ser objeto de regulación legal, posiblemente. Pero el aplicarles la palabra matrimonio, y confundirlas con la institución del matrimonio, supone, por una parte, desnaturalizar el verdadero matrimonio, y, por otra, imponer a estas uniones de homosexuales o incluso a las uniones de hecho unas exigencias, en cuanto a la consideración de la verdadera naturaleza profunda del «otro», la intención de indisolubilidad, la procreación, el «rol» social, etc., que son contrarias a la esencia de las mismas. Con lo cual, aparte de legislar mal, aparte de no adecuarse la ley a la realidad que se regula aparte en definitiva de ejercerse absolutamente mal la función legislativa, estamos creando una confusión mental que es contraria a la racionalidad y a la higiene de las ideas. Todo ello a partir de una perversión intencionada, o cómoda, escribía al principio del lenguaje.
No por el hecho de repetir una inexactitud lograremos convertirla en verdad. Por el contrario, la Historia («poco a poco, siempre arregla todas sus cuentas la Historia») acaba pasando factura. La obligación de todo político, incluso de cualquier responsable social, es no violentar la realidad de los hechos, que son tozudos, para luego buscar respuesta idónea a las demandas sociales de cada momento. Una respuesta adecuada, que no siempre la confusión, porque, perdidos sus valores, el hombre acaba por no saber quién es, por no saber si es verdaderamente hombre, por no saber, como decía alguien, incluso si «soy de los míos», de la especie humana.
Santiago Araúz de Robles es abogado
Carlos de Sola, secretario del Comité Director para la Bioética del Consejo de Europa: "La clonación terapéutica no es una necesidad para investigar"
Francia podría convertirse en el primer gran país europeo que prohíbe la clonación terapéutica en el nuevo milenio si el Congreso confirma la enmienda incorporada por el Senado al proyecto de ley de bioética, que sanciona esta práctica con siete años de prisión y 100.000 euros de multa. Carlos de Sola, secretario del Comité Director para la Bioética del Consejo de Europa, considera que se trata de una medida acertada.
El Senado francés ha aprobado una enmienda al proyecto de ley de bioética que castiga con siete años de prisión y 100.000 euros de multa la clonación con fines terapéuticos. La medida ha recibido las críticas de la Academia de Ciencias del país, censura que Carlos de Sola, secretario del Comité Director para la Bioética del Consejo, asegura "comprender, pero no la comparto. La clonación terapéutica, hoy en día, no es una necesidad en el plano científico. En favor de ella se alega que las células obtenidas de embriones clonados serían compatibles con el organismo del paciente, pero la objetividad nos obliga a reconocer que estamos lejos de esta posibilidad. De momento, la investigación está orientada únicamente a diferenciar las células madre y dominar su multiplicación".
En una entrevista concedida al diario La Croix, contesta a quienes abogan por que se trata de una vía digna de explorar que "no habría ningún problema si no hubiese una gran objeción ética. Ahora mismo, en ese terreno, los únicos modelos científicos válidos son los naturales, es decir, las células madre adultas y las que se obtienen a partir de embriones sobrantes", fuente esta última aprobada en un marco muy estricto.
Argumento endeble
El exministro de Justicia francés, Robert Badinter, ha acusado al Gobierno de "inmovilismo perjudicial", pues Francia quedará en desventaja respecto a otros países que sí admiten esta técnica. De Sola aduce, en cambio, que "también se podría pensar que algunos investigadores van a perder el tiempo al hacer ciertas cosas. En general, si se sigue ese argumento, siempre sería necesario poder alinearse con lo que el vecino tiene derecho a hacer. En esta lógica sería imposible el menor límite, porque siempre habrá alguien que trabaje sin barreras".
Jean-Francois Mattei, ministro de Sanidad, defendió en el debate parlamentario que la clonación terapéutica es una puerta abierta a la reproductiva, temor que a De Sola no le parece "del todo infundado. Cuantos más científicos trabajen sobre la clonación más riesgos habrá de que la técnica sea mejorada y esté disponible. Si llegamos a conseguir embriones que provengan de la clonación es evidente que algunos científicos tendrán la tentación de utilizarla para realizar la clonación reproductiva". Esta última técnica conllevará en Francia 20 años de prisión y 7,5 millones de euros de multa.
Carlos Gil
Diario Médico
04 de febrero de 2003
SOBRE LA DEMOCRACIA Y ALGUNOS MALENTENDIDOS
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA.
Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de La Coruña.
ABC, 24.8.2004
TODOS hablan de democracia, pero no todos al hacerlo hablan sobre lo mismo. En unos casos, las discrepancias se deben a que la entienden de distinta manera. En otros, a que algunos llaman democracia a lo que no lo es, a lo que es otra cosa, incluso a lo que se opone a ella. Por eso no faltan las tergiversaciones y suplantaciones, y, también, los malentendidos. De entrada, aclaro que hablo de democracia en el único sentido en el que creo que existe verdaderamente, en el sentido representativo y liberal. Hay otros modos de concebirla que no son, a mi juicio, «democráticos»: la democracia radical, asamblearia, directa y totalitaria. Si no me equivoco, algunos malentendidos y errores sobre la democracia surgen porque se introducen en la concepción representativa y liberal principios opuestos a ella, procedentes de esas concepciones alternativas.
No faltan entre nosotros ejemplos y síntomas de estos malentendidos. Por ejemplo, cuando el Gobierno considera que las críticas de la Iglesia católica a su proyecto de extender la institución del matrimonio a las uniones homosexuales entraña una falta de respeto al Parlamento y, por ello, a la soberanía nacional y una ilegítima intromisión en la política. Bien es verdad que este anatema socialista sólo se exhibe cuando la Iglesia se opone a sus decisiones, no cuando las apoya. Y también es cierto que no considera intromisiones las tomas de posición de otras instituciones y grupos sociales. El resultado es que la Iglesia debe callar mientras que, pongamos por caso, una Asociación de Gays del Bajo Aragón tiene todo el derecho del mundo a opinar. Aquí no estamos ya ante una mera tergiversación de la democracia, sino ante la pura hostilidad antirreligiosa. Otro ejemplo lo suministra el derecho que se concede a la mayoría parlamentaria en las comisiones de investigación de impedir comparecencias solicitadas por una minoría. Cosa que, por cierto, no sucede en otros países democráticos.
La democracia es una forma o método político que posee valor moral, pero que no garantiza la moralidad de sus resultados, pues éstos dependerán, sobre todo, del criterio y de la formación moral de la mayoría de los ciudadanos. Se concede, por lo demás, una valoración excesiva al consenso como método para determinar lo que es o no correcto en el orden moral. Si es dudoso en el ámbito de la política, es falso en el orden moral. El diálogo verdadero puede ser camino para descubrir la verdad, pero no para inventarla o crearla. El acuerdo de voluntades es una excelente fórmula para determinar el contenido de las leyes, pero no para discernir entre el bien y el mal en sentido moral. La democracia es una forma de gobierno, no un método científico ni un criterio de la moralidad. Es una condición necesaria, pero no suficiente, de la justicia, pero no tiene nada que ver con la verdad, ni en sentido filosófico, ni científico, ni moral. Expresa un acto de voluntad, una forma de tomar decisiones colectivas. Pero la mayoría no tiene necesariamente razón. Lo que tiene es la fuerza democrática. Si abusa de ella, degenera en tiranía. Y abusa cuando reclama a la minoría no sólo el cumplimiento de la ley sino también la identificación de su propia opinión mayoritaria con la justicia y la verdad.
Todo esto, por lo que se refiere al principio de las mayorías. Pero éste no agota la esencia de la democracia. La formación de la opinión mayoritaria requiere la existencia de determinadas condiciones sin las que la democracia no puede existir. Así, el respeto a la decisión mayoritaria debe ir unida al respeto a las minorías y a la libertad de crítica. La opinión mayoritaria no posee un carácter sacrosanto sino meramente cuantitativo. Incluso cabe conjeturar que, desde el punto de vista moral, siempre será más acertada la opinión de la minoría (no, sin duda, de todas ellas; sólo de la que forman los mejores). Cuando una minoría o un grupo o institución discrepan de la decisión de la mayoría no vulneran la democracia sino que, por el contrario, la ejercen. De este derecho no debe quedar excluido nadie; ni siquiera, por cierto, la Iglesia católica. Si la opinión de la mayoría fuera siempre expresión de la justicia, o bien nunca debería cambiar o bien la justicia se identificaría con el capricho de las eventuales mayorías.
Andan por ahí algunos demócratas extraviados a quienes les desasosiega la posibilidad de que una religión o una doctrina filosófica se atribuyan el conocimiento o la posesión de la verdad. Y piensan, es un decir, que tamaña pretensión destruye la democracia a manos del dogmatismo oscurantista. Pueden sosegarse. Ni las leyes lógicas ni las teorías científicas se oponen a la democracia. Tampoco las verdades reveladas de la religión o las pretensiones de las doctrinas filosóficas de alcanzar la verdad. Donde, desde luego, no se encuentra la verdad es en las Ejecutivas de los partidos ni en las votaciones parlamentarias. Entre otras razones, porque no es su misión la de determinar lo verdadero y lo falso. Cuando el Papa u otras autoridades religiosas pretenden declarar la verdad revelada de la que son depositarios, o cuando Platón, Tomás de Aquino o Husserl aspiran a establecer la verdad filosófica, ni acatan ni se oponen a la democracia. Se encuentran en otro nivel. Sólo quienes aspiran a imponer por la fuerza a la mayoría (y a la minoría) su propia opinión vulneran la democracia. Un ejemplo, por si coopera con la claridad. Supongamos que el Parlamento español legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tan demócrata es quien está favor como quien está en contra, mientras no aspiren a imponer su criterio por la fuerza sino mediante la convicción. Tan antidemócrata es la minoría que, salvo el caso de objeción de conciencia, incumple la ley y pretende imponer por la fuerza su criterio, como la mayoría que impide la libertad de crítica y tilda al discrepante de antidemócrata. Decir lo que se piensa y proclamar lo que uno estima que es la verdad nunca es contrario a la democracia. Si lo fuera, desde este mismo momento, proclamaría que dejo de ser demócrata. Sólo faltaría que la ilustración y la democracia consistieran en liberar al hombre de la autoridad de Dios para someterlo a la tiranía de la plebe. Los laicistas frenéticos olvidan el fundamento religioso (cristiano) de la democracia y, despreciando lo que ignoran, socavan los fundamentos de los principios a los que se adhieren. No hay mejor fundamento de la igualdad y de la dignidad del hombre que su condición de hijo de Dios, ni más firme base para la solidaridad y la fraternidad que la hermandad de todos los hombres como hijos de Dios. Por lo demás, obedecer a los hombres puede ser servidumbre; obedecer a Dios es libertad. Todo cristiano sabe que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por mi parte, concedo a la mayoría el derecho a gobernar, si bien no de forma absoluta e incondicionada, mas no le concedo el derecho a legislar en el ámbito de la moral, propio de la conciencia y no de la opinión pública.
EUTANASIA
la eutanasia es involuntaria en uno de cada tres casos en Holanda
Una comisión parlamentaria alemana concluye que la regulación holandesa no sirve de modelo
Desde hace tres años es legal en Holanda que un médico ayude a morir a pacientes que lo pidan repetidamente, no puedan soportar sus sufrimientos y se encuentren en estado terminal. Las autoridades holandesas reciben notificación de 1.800 casos de eutanasia realizados anualmente conforme a estos presupuestos. Pero hay al menos 1.200 casos anuales que no se registran, y en mil de ellos no se cuenta con el consentimiento del paciente, según un estudio presentado por el diputado alemán Thomas Rachel, presidente del grupo de trabajo evangélico (EAK) del Partido Democristiano (CDU/CSU).
A pesar de lo que establecen las normas sobre eutanasia, en realidad en Holanda, para matar a un paciente terminal, basta con un informe sobre su estado clínico y psíquico. Ante la posibilidad de que a uno le ayuden a morir sin que lo pida, se ha difundido en Holanda la costumbre de llevar consigo una declaración de querer vivir. Rachel presidió una reciente visita de la comisión parlamentaria de Ética y Derecho en la Medicina Moderna a Holanda, donde se entrevistó con numerosos médicos, asociaciones de pacientes y políticos. Su conclusión es que la reglamentación holandesa sobre ayuda a la muerte no puede ser un modelo para Alemania.
Entrevistado por Guido Heinen (Die Welt, 24-VI-2004), Rachel afirmaba que la ayuda a morir, tal como se practica en Holanda, daña de forma fundamental la dignidad humana, ya que limita fuertemente el derecho a una decisión personal. En Alemania tiene más peso el pensamiento que protege la vida. Nuestras experiencias históricas particulares con la eutanasia, en las que se llegó hasta los asesinatos masivos, desempeñan en ello un gran papel.
Rachel considera alarmante que los políticos y la sociedad acepten en silencio que en un tercio de los casos de eutanasia no se consulte al enfermo: No se ha seguido al respecto procedimiento penal digno de tal nombre. La ley de eutanasia ha fallado en uno de sus propósitos principales: el de dar transparencia a la realidad de que haya médicos que matan a sus pacientes. Lo decisivo para aplicar la eutanasia es el estado físico o psíquico del paciente, y no su voluntad. La existencia de las citadas declaraciones muestra, para Rachel, que hay gente en Holanda que tiene la sensación de que es preciso documentar su deseo de vivir.
Junto a esa realidad lamentable que denunciaba, Rachel afirmó haber visto en Holanda ejemplos animantes, como el de un hospicio para enfermos terminales donde un tercio de los pacientes había manifestado, al ingresar, su deseo de que le aplicaran la eutanasia. Ninguno de ellos repitió esa petición al encontrarse más tarde enfrentado a la muerte.
Centro Jurídico Tomás Moro: el lobby homosexual criminaliza a todo el que sostenga tesis contrarias a sus intereses
Madrid, 27.07.04
El Centro realizó estas afirmaciones frente al anuncio de la Federación Andaluza de Lesbianas, Gays y Transexuales, recogida ayer por Europa Press, de presentar mañana miércoles, ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia contra la Conferencia Episcopal por un supuesto delito de apología de la homofobia.
El Centro Jurídico Tomás Moro afirmó que la naturaleza intrínsecamente heterosexual del matrimonio no constituye una discriminación frente a los homosexuales y no puede constituir, por tanto, delito contra ellos.
Según los juristas, el propio Tribunal Constitucional ha declarado, en reiteradas sentencias, que una diferenciación en el trato jurídico sólo supone una discriminación cuando es arbitraria y no está justificada por razones objetivas, cosa que no sucedería en este caso.
La unión permanente y estable entre un hombre y una mujer presenta características objetivas específicas que la distinguen por completo de otras posibles relaciones interpersonales, en particular, la posibilidad de engendrar, criar y educar a los hijos, con lo que desempeña una función social de primer orden. Basándose en esta característica específica, el Derecho, desde tiempos inmemoriales y en todas las culturas, ha creado una institución jurídica especial el matrimonio para la tutela de la familia.
No es, por tanto discriminatoria la afirmación de que el matrimonio es esencialmente heterosexual, por lo que las posibilidades de que prospere la denuncia de las asociaciones homosexuales son nulas, explicaron.
Para el Centro, el lobby homosexual pretende establecer una policía de las ideas criminalizando a todo el que ose sostener alguna tesis contraria a sus intereses. Ello supone un intento de ejercer una represión y censura intelectual que vulnera frontalmente la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución.
La denuncia de la Federación Andaluza de Gays y Lesbianas persigue imponer la ley del silencio y acallar cualquier voz que no se pliegue a sus reivindicaciones, afirman los juristas del Centro, para quienes es sencillamente absurdo que se pretenda imputar penalmente a quienes sostienen que no debe modificarse el régimen legal vigente actualmente en España y en la mayoría de los países del mundo.
WASHINGTON. 6.8.04
Para que un matrimonio sea válido y reconocido en este Estado, sólo puede existir entre un hombre y una mujer.
Por referendum, los votantes de Missouri deciden enmendar su Constitución estatal para reservar explícitamente el matrimonio a parejas heterosexuales. La polémica sobre los matrimonios homosexuales en Estados Unidos ha empezado a degenerar en una especie de pulso entre decisiones judiciales a favor y consultas populares donde por un abultado margen se rechazan las reivindicaciones de gays y lesbianas.
Los votantes de Missouri han aprobado por mayoría abultada una enmienda a su Constitución estatal limitando la institución del matrimonio a parejas compuestas por un hombre y una mujer.
En la actualidad, 43 Estados de la Unión tienen legislaciones o sentencias judiciales que prohíben los matrimonios del mismo sexo. Dentro de este pulso de soberanía popular y activismo judicial, una docena de Estados van a celebrar consultas populares en los próximos meses para adoptar reformas similares a la de Missouri.
En el referéndum celebrado este martes, el 71 por ciento de los votantes de Missouri se ha mostrado partidario de incluir en la Constitución estatal el siguiente precepto: «Para que un matrimonio sea válido y reconocido en este Estado, sólo puede existir entre un hombre y una mujer».
Vicly Hartzler, la persona que ha dirigido esta campaña, ha presumido con estos resultados de haber «mostrado al resto de EE.UU. que nosotros, el pueblo, valoramos el matrimonio tradicional. Si la voluntad popular no se expresa claramente, nos quedamos expuestos a que jueces con su propia agenda dicten a los ciudadanos nuevas formas de familia».
El Congreso de Estados Unidos, con el respaldo de la Casa Blanca, ha empezado a estudiar la posibilidad de reformar la Constitución federal al estilo de Missouri, Alaska, Nebraska y Nevada, para evitar el caos de jurisdicciones enfrentadas, pues ante la presión de los colectivos gays en varios Estados han intentado por su cuenta celebrar bodas homosexuales con mucha más fanfarria que autoridad legal.
Por Juan Manuel DE PRADA
ABC, 26.7.04
SIEMPRE me ha producido perplejidad la virulencia con que determinados individuos o colectivos que alardean de hallarse fuera del seno de la Iglesia católica arremeten contra las recomendaciones y pronunciamientos eclesiásticos. En dicha virulencia he advertido el impulso totalitario de quienes, no satisfechos con pensar y actuar en libertad, aspiran a imponer sus pensamientos y actuaciones a quienes piensan o actúan de manera distinta. ¿Por qué no les basta con hacer caso omiso de esas recomendaciones y pronunciamientos que no les atañen? ¿Por qué se dan por aludidos, cuando orgullosamente no se cuentan entre sus destinatarios? Supongo que en dicha actitud subyace la convicción de que los obispos aún poseen cierto prestigio entre capas nada exiguas de la población que a ellos les gustaría tener amodorradas por el pensamiento único; pero su afán un tanto frenético por anular dicho prestigio sólo admite una explicación patológica. No les basta a estos individuos con emitir su doctrina y allegar, mediante muy agresivos métodos proselitistas, pareceres concurrentes, sino que pretenden silenciar dictatorialmente a quienes se atreven a disentir.
El último episodio de virulencia anticlerical lo ha desatado un documento de los obispos titulado «En favor del verdadero matrimonio». En un artículo tan bendecido por el sentido común como suelen estarlo todos los suyos, Martín Ferrand se preguntaba: «¿Hay algo más natural que las mitras se dirijan a sus feligreses para orientarlos en asuntos de fe, dogma o, como es este caso, relativos a las costumbres y su valoración moral? Podrían entenderse los reparos de quienes, siendo creyentes y practicantes, discrepan en su valoración con la de la Jerarquía; pero ¿a qué viene la rabia de quienes no lo son?». A esta pregunta -seguramente retórica- del maestro Martín Ferrand creo haber respondido ya en el párrafo inicial de este artículo. Sobre las uniones entre homosexuales ya me he pronunciado en anteriores ocasiones. Durante siglos, la homosexualidad fue considerada una perversión o vicio nefando que la psiquiatría estudiaba y las leyes reprimían. Desde el momento en que dicha conducta sexual ha dejado de constituir un delito, el Derecho no puede ignorarla, pues su misión fundamental consiste en proporcionar seguridad a quienes se hallan bajo su imperio. Parece, pues, de justicia que el Derecho arbitre algún instrumento que regule las uniones de homosexuales. Ahora bien, es injusto y contrario a derecho que dicho instrumento sea el matrimonio, institución jurídica que regula una realidad social distinta. Pues el matrimonio incluye en su misma naturaleza fines de mantenimiento de la propia sociedad (me refiero, claro está, a la procreación de hijos) que la unión entre homosexuales no posee. No debemos dejar de considerar que una población formada exclusivamente por homosexuales estaría condenada a la extinción. El Derecho no puede otorgar el mismo grado de reconocimiento a las uniones que garantizan la propia subsistencia de la sociedad que a otras que la abocan a su consunción. Si se lo otorga, está incurriendo en una aberración jurídica.
El documento episcopal, por lo demás, proclama la «dignidad inalienable» de los homosexuales; execra su menosprecio y discriminación; reconoce los derechos que les asisten; y exhorta a los fieles a acogerlos «como corresponde a una caridad verdadera y coherente». Recoge, en definitiva, aquel mandato de Jesús que, en uno de los pasajes más emocionantes del Evangelio, se niega a condenar a la mujer adúltera, tras salvarla de la lapidación. Pero este gesto de amor supremo lo remata con una muy persuasiva admonición: «Vete y no peques más».
Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y quien no, por favor, que se calle un poquito.
Abogados y educadores defienden el derecho del niño a tener un padre y una madre
24.5.2004
Profesionales de toda España implicados en los derechos, educación y desarrollo de los niños se están manifestando por escrito contra la adopción de menores por parejas homosexuales y pedirán al gobierno español que defienda su derecho a poseer un referente masculino y otro femenino.
La asociación Profesionales por la Ética ha iniciado una campaña de adhesiones a un manifiesto redactado «ante el propósito del gobierno de reformar el Código Civil y permitir la adopción de menores por parte de parejas homosexuales» que se enviarán a las máximas autoridades responsables.
El manifiesto señala que «los niños tienen derecho a formar parte de una familia semejante a la familia natural, constituida por un hombre y una mujer, únicos seres que, juntos, tienen capacidad de procrear».
También defiende el derecho de los menores «a crecer en un entorno que les permita el desarrollo de su personalidad física, intelectual y moral» y recuerda que «no existe el derecho del adulto a tener un hijo ni por filiación natural ni por filiación adoptiva».
Profesionales por la Ética también invita a abogados, médicos, educadores, etcétera a defender el derecho del niño a «no ser discriminado ni sometido a experimentos traumáticos».
El manifiesto señala que «los niños, desde los primeros meses de vida, elaboran la figura del padre y de la madre independientemente de que conozcan o no a sus padres biológicos y que la figura masculina con la que tienen más relación constituye su referencia de padre, mientras que la mujer que está más cerca del niño constituye, a sus ojos, la figura de la madre».
«La legislación española --recuerdan-- establece que el régimen jurídico de la adopción se fundamenta en los principios de integración del niño en una familia y en la primacía del beneficio del menor que va a ser adoptado».
La asociación española también advierte de la falta de «estudios científicos rigurosos sobre las consecuencias que tendría en los niños la adopción por homosexuales».
El manifiesto recuerda algunos nombres y asociaciones que han mostrado su rechazo o prevención respecto a la adopción de niños por parejas homosexuales, como la Asociación Española de Pediatría, el primer ministro de Australia John Howard y líderes socialistas como Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Lionel Jospin.
Finalmente, alude a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dio la razón a la Administración francesa cuando ésta negó la adopción al homosexual Philippe Fretté.
Algunas de las ideas reflejadas en un artículo de José Antonio ZARZALEJOS en ABC el 8.8.04 y otras noticias.
Ocurre, y este es un hecho incontestable, que la relación homosexual no es idónea para los fines procreativos que son, junto con otros y sin prioridades determinadas, los que explican la institución matrimonial -siempre heterosexual- desde los orígenes de la humanidad. Sólo desde un entendimiento vindicativo de la homosexualidad se explica la agresividad de intentar tanto como el reconocimiento de los derechos propios la dilución del matrimonio. La ausencia de idoneidad procreadora conduce también a la inconveniencia de la adopción, en tanto que ésta no es un derecho de los adoptantes sino de los adoptados. La seguridad de que una pareja homosexual pueda proporcionar al adoptado tantos cuidados como una heterosexual no es relevante ante la constatación de que la relación entre personas del mismo sexo debe extender su proyección jurídica a un espacio de derechos y obligaciones bien distinto a los del matrimonio. Convertir las uniones homosexuales en un ariete contra el matrimonio y, por derivación, contra el esquema de institucionalización civil de la familia, es una actitud reactiva e innecesaria. Todos los derechos son compatibles si se desenvuelven en sus propios ámbitos y no invaden los ajenos.
En relación con estas reflexiones puede interesar conocer que el tribunal Supremo de California decidió el 12.8.04 la anulación de unos 4.000 matrimonios homosexuales que se habían celebrado en San Francisco durante los pasados meses de febrero y marzo, y lo hace con el argumento jurídico de que el alcalde de la ciudad no tenía autoridad para celebrar esas uniones. La decisión señala que el Ayuntamiento de San Francisco actuó de forma incorrecta al conceder unas 4.000 licencias matrimoniales a parejas homosexuales, en claro desafío a la legislación californiana, que indica que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer.
El veredicto del Tribunal Supremo de California, por 5 votos contra 2, es una seria amonestación al alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, por exceder su autoridad accediendo a casar a estas parejas.
Esta sentencia coincide con una sensibilidad creciente que pretende que la legislación defina de manera incontestable que por matromonio se entiende exclusivamente la unión de un hombre y una mujer. Esta formulación ha sido afirmada en 5 estados - las votaciones fueron ganadas por amplias mayorías -y que será propuesta a votación antes de final de año en 8 estados más.
En este contexto, los ataques a la Iglesia católica por su doctrina moral al respecto son también profundamente injustos. La predica católica de su propia moral, incluso en actos confesionales de significación civil, no es reprochable y mucho menos cuando los que denuncian a la jerarquía por ello son tan selectivos: se puede hablar desde los púlpitos contra la guerra de Irak, pero prohibido hacerlo sobre el propósito de legislar el matrimonio homosexual.
La normalidad que se persigue con la emergencia social de las uniones homosexuales está reñida con la negación de la discrepancia; con el veto a la manifestación de los acervos morales de la Iglesia o de otras entidades y, sobre todo, está en contradicción con el afán expansionista de una igualación que no se corresponde con la naturaleza de realidades distintas que, pudiendo convivir cívicamente, no tienen porque ser hostiles ni suplantadoras.
