UNIONES HOMOSEXUALES. OTRA REFLEXIÓN JURÍDICA
Centro Jurídico Tomás Moro: el lobby homosexual criminaliza a todo el que sostenga tesis contrarias a sus intereses
Madrid, 27.07.04
El Centro realizó estas afirmaciones frente al anuncio de la Federación Andaluza de Lesbianas, Gays y Transexuales, recogida ayer por Europa Press, de presentar mañana miércoles, ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia contra la Conferencia Episcopal por un supuesto delito de apología de la homofobia.
El Centro Jurídico Tomás Moro afirmó que la naturaleza intrínsecamente heterosexual del matrimonio no constituye una discriminación frente a los homosexuales y no puede constituir, por tanto, delito contra ellos.
Según los juristas, el propio Tribunal Constitucional ha declarado, en reiteradas sentencias, que una diferenciación en el trato jurídico sólo supone una discriminación cuando es arbitraria y no está justificada por razones objetivas, cosa que no sucedería en este caso.
La unión permanente y estable entre un hombre y una mujer presenta características objetivas específicas que la distinguen por completo de otras posibles relaciones interpersonales, en particular, la posibilidad de engendrar, criar y educar a los hijos, con lo que desempeña una función social de primer orden. Basándose en esta característica específica, el Derecho, desde tiempos inmemoriales y en todas las culturas, ha creado una institución jurídica especial el matrimonio para la tutela de la familia.
No es, por tanto discriminatoria la afirmación de que el matrimonio es esencialmente heterosexual, por lo que las posibilidades de que prospere la denuncia de las asociaciones homosexuales son nulas, explicaron.
Para el Centro, el lobby homosexual pretende establecer una policía de las ideas criminalizando a todo el que ose sostener alguna tesis contraria a sus intereses. Ello supone un intento de ejercer una represión y censura intelectual que vulnera frontalmente la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución.
La denuncia de la Federación Andaluza de Gays y Lesbianas persigue imponer la ley del silencio y acallar cualquier voz que no se pliegue a sus reivindicaciones, afirman los juristas del Centro, para quienes es sencillamente absurdo que se pretenda imputar penalmente a quienes sostienen que no debe modificarse el régimen legal vigente actualmente en España y en la mayoría de los países del mundo.
Madrid, 27.07.04
El Centro realizó estas afirmaciones frente al anuncio de la Federación Andaluza de Lesbianas, Gays y Transexuales, recogida ayer por Europa Press, de presentar mañana miércoles, ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia contra la Conferencia Episcopal por un supuesto delito de apología de la homofobia.
El Centro Jurídico Tomás Moro afirmó que la naturaleza intrínsecamente heterosexual del matrimonio no constituye una discriminación frente a los homosexuales y no puede constituir, por tanto, delito contra ellos.
Según los juristas, el propio Tribunal Constitucional ha declarado, en reiteradas sentencias, que una diferenciación en el trato jurídico sólo supone una discriminación cuando es arbitraria y no está justificada por razones objetivas, cosa que no sucedería en este caso.
La unión permanente y estable entre un hombre y una mujer presenta características objetivas específicas que la distinguen por completo de otras posibles relaciones interpersonales, en particular, la posibilidad de engendrar, criar y educar a los hijos, con lo que desempeña una función social de primer orden. Basándose en esta característica específica, el Derecho, desde tiempos inmemoriales y en todas las culturas, ha creado una institución jurídica especial el matrimonio para la tutela de la familia.
No es, por tanto discriminatoria la afirmación de que el matrimonio es esencialmente heterosexual, por lo que las posibilidades de que prospere la denuncia de las asociaciones homosexuales son nulas, explicaron.
Para el Centro, el lobby homosexual pretende establecer una policía de las ideas criminalizando a todo el que ose sostener alguna tesis contraria a sus intereses. Ello supone un intento de ejercer una represión y censura intelectual que vulnera frontalmente la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución.
La denuncia de la Federación Andaluza de Gays y Lesbianas persigue imponer la ley del silencio y acallar cualquier voz que no se pliegue a sus reivindicaciones, afirman los juristas del Centro, para quienes es sencillamente absurdo que se pretenda imputar penalmente a quienes sostienen que no debe modificarse el régimen legal vigente actualmente en España y en la mayoría de los países del mundo.
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