Eutanasia: claridad de ideas

JUSTINO SINOVA
Eutanasia

(El Mundo, 6-IX-2004)

El estreno de Mar adentro, la película de Amenábar sobre el tetrapléjico Ramón
Sampedro que se quitó la vida, ha reactivado de pronto la atención sobre la eutanasia. Ya tenemos el asunto instalado en la agenda de temas de esta vuelta de curso. La asistencia del presidente del Gobierno y de seis ministros al estreno —además de ser, según coligen muchos, una devolución a los favores electorales recibidos de una parte del mundillo del cine— ha dado pie para que se elucubre ya sobre la posibilidad más o menos próxima de cambiar la legislación sobre lo que alguien, erróneamente, llamó la «muerte digna».

Lo primero que hay que saber es de qué estamos hablando. La eutanasia consiste en poner fin a la vida de una persona enferma, disminuida o moribunda. Otra cosa bien distinta es la interrupción de un tratamiento médico extraordinario o desproporcionado cuando se ha certificado técnicamente que es ineficaz. Los dos actos son bien diferentes. El primero, que es el llamado eutanasia, interrumpe una vida; el segundo, señalado como encarnizamiento terapéutico, no la prolonga artificialmente. El primero es rechazable moralmente y está condenado por las legislaciones de la inmensa mayoría de los países; el segundo es un auxilio a un paciente cuando ya no se puede hacer más y se le están causando, por el contrario, penalidades añadidas. Nuestra legislación contempla hoy esta diferencia con claridad. El Código Penal de 1995 incluye la eutanasia en el artículo 143 junto a la inducción y la cooperación al suicidio, pues entiende que consiste en provocar la muerte, aunque aplica una pena menor al tomar en consideración la enfermedad (que debe ser grave) del paciente. De la otra conducta que consiste en la suspensión de auxilios terapéuticos desproporcionados, el Código no dice nada, pues entiende que se trata de no impedir una muerte por métodos condenados al fracaso.

Un debate sobre la eutanasia debe partir al menos del conocimiento de estos supuestos. ¿Los ciudadanos que responden a las encuestas tienen las ideas bien claras en un asunto tan complejo? Yo me temo que no. Por eso, es preocupante que el Gobierno se haya pronunciado, por boca de su vicepresidenta, a favor de la legalización «total y absoluta» de la eutanasia sólo condicionada a «un consenso social mayoritario». El problema es cómo se va a calibrar ese consenso. ¿Con un debate serio, sin etiquetajes frívolos, con participación de los expertos, sin emociones cinematográficas? El Gobierno tiene aquí una gran responsabilidad, y una prueba para su sensatez y su seriedad.