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INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

El Congreso acepta una Iniciativa Legislativa Popular a favor de la diferenciación entre uniones homosexuales y matrimonio presentada por el FEF (Foro Español de la Familia)

«Legislar del mismo modo diferentes situaciones y relaciones supone una injusticia y va en detrimento de la estabilidad».

Con la iniciativa se trata, fundamentalmente, «de evitar confusiones entre los distintos tipos de uniones, garantizando la mayor libertad y pluralidad».

«Esta propuesta no discrimina ni va contra los derechos de nadie, sino que opta por el pluralismo social salvaguardando los perfiles y definición del matrimonio»,

La Iniciativa Legislativa Popular que busca impedir la equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio fue presentada este viernes.

Su objetivo, aclararon los organizadores, es «llevar al Parlamento el sentimiento mayoritario de las familias españolas».

Los autores de la propuesta, el Foro Español de la Familia (FEF), expresaron su confianza de poder reunir en seis meses las quinientas mil firmas que exige la Ley para oblig]ar al Congreso a debatir y a votar en el Parlamento la propuesta.

En una rueda de prensa, los responsables del Foro aclararon que el objetivo de la iniciativa es «salvaguardar los derechos del matrimonio, la familia y los niños, en relación con otro tipo de uniones».

En concreto, la propuesta contempla modificar el artículo 44.1 del Código Civil «de forma que se especifique expresamente que la unión matrimonial es la posible para el hombre y la mujer»; y el artículo 175.4, de modo que «fuera de la adopción por el marido y la mujer, nadie puede ser adoptado por más de una persona».

José Gabaldón presidente del Foro indicó en la presentación de la icampaña que una de sus metas es permitir a la opinión pública «conocer la verdad de las instituciones para opinar críticamente».

Por su parte, Benigno Blanco, vicepresidente, constató que se debe «escuchar la voz del pueblo, la voz de la calle».

Tres mil fedatarios repartidos en toda España, serán los encargados de hacer la recogida de firmas con todas las garantías que exige la Ley y la supervisión de la Junta Electoral Central.

El FEF lanzará una campaña de información dirigida a la opinión pública, para que todos tengan la oportunidad de participar, aunque «como hablamos de un movimiento familiar, confiamos en que el boca a boca sea la primera campaña», afirmó Blanco.

Teniendo en cuenta que «el matrimonio es una institución valorada y querida por los ciudadanos españoles (de 100 parejas, 94 están casadas)», el vicepresidente del FEF confía en que «una iniciativa de tanto calado democrático sea escuchada».

En la rueda de prensa, también participaron Luis Carbonel, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA); y Mercedes Coloma, representante de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Centros de Enseñanza (FAPACE).

«Exigimos al Gobierno juego limpio», dijo Carbonel. «Que no apoye el Proyecto hasta que el Foro no entregue las firmas de esta Iniciativa Popular», añadió.

Por su parte, Coloma ofreció datos de un estudio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que sostienen que por once millones de uniones familiares hay sólo diez mil uniones homosexuales (un 80% frente al 0,9%) y afirmó que «la equiparación no resuelve las prácticas de una minoría».

Benigno Blanco volvió a recordar que «el matrimonio es una institución que existe desde los comienzos de la Humanidad, que no ha creado el Papa ni el Gobierno».

En este sentido, el vicepresidente de FEF niega que con esta Iniciativa Popular se niegue el derecho de los homosexuales al matrimonio, porque «todas las personas, sean cuales sean sus gustos sexuales tienen derecho al matrimonio; otra cosa --añadió-- es que algunas, por sus inclinaciones sexuales no opten a él».
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«No se puede destrozar el concepto de matrimonio, ni confundir lo que es esta institución. Nuestra iniciativa no va contra nadie, sino a favor de la familia», dijo.

Respecto a la adopción, Blanco explicó que «el Código Civil reconoce la adopción como una forma de la filiación, y que por eso se excluye la adopción por varias personas». Además, por ser el matrimonio la «sede natural de la filiación» y porque se «adopta un niño para que ocupe el lugar de un hijo», lo natural es que sea el matrimonio el que tenga el derecho a adoptar.

Así justificó la modificación del artículo del Código Civil que afecta a la adopción, que propone la Iniciativa Legislativa Popular.

«La Ley debe hacerse en la regla general, buscando la mejor solución, lo más seguro y comprobado, sin hacer experimentos con la salud de los niños.
Para los demás casos, existen medidas asistenciales», así respondía Blanco a la pregunta de una periodista que preguntaba por los derechos de los niños que «ya viven en parejas homosexuales».

El FEF también se pronunció sobre la anunciada modificación de la Ley del Divorcio. En este sentido, Gabriel Gabaldón dijo que «la estabilidad entre un hombre y una mujer afecta al interés general, y que no es del mismo interés la ruptura».

Benigno Blanco aseguró que el FEF no había sido escuchado (pese a las peticiones formales) en la fase previa al anuncio de mobdificación de la Ley, pero afirmó que «presentaremos alternativas».

En seis meses tendrá que recoger quinientas mil firmas para prosperar

La propuesta busca «proteger la definición y los derechos del matrimonio, diferenciados de otros tipos de uniones, y basar los criterios de adopción en la tutela e intereses del menor».

Según Blanco, la iniciativa «es una demostración de la madurez de las asociaciones familiares, que están dispuestas a defender por los cauces previstos en el ordenamiento jurídico democrático a la familia y al matrimonio, frente a intentos legislativos que supondrían un grave ataque a estas instituciones».

En un comunicado, el FEF reconoció que la medida se toma «ante la falta de diálogo del Gobierno con las asociaciones familiares, y su pretensión de equiparar legalmente otros modos de convivencia esencialmente distintos al matrimonio, como las parejas de hecho o las uniones del mismo sexo».

Además, el Foro denuncia que «legislar del mismo modo diferentes situaciones y relaciones supone una injusticia y va en detrimento de la estabilidad».

La organización familiar aclaró que, con la iniciativa se trata, fundamentalmente, «de evitar confusiones entre los distintos tipos de uniones, garantizando la mayor libertad y pluralidad».

«Esta propuesta no discrimina ni va contra los derechos de nadie, sino que opta por el pluralismo social saÕlvaguardando los perfiles y definición del matrimonio», añadió en su nota el FEF.

Respecto a la adopción de menores por parte de homosexuales, el Foro basó su criterio «atendiendo a los derechos de los niños y la tutela e intereses del menor».

Benigno Blanco: "Las asociaciones familiares están dispuestas a defender, por los cauces previstos en el ordenamiento jurídico, a la familia y al matrimonio"

El Congreso de los Diputados admitió a trámite la Iniciativa Legislativa Popular presentada por el Foro Español de la Familia (FEF), el pasado mes de julio, para "proteger la definición y los derechos del matrimonio, diferenciados de otros tipos de uniones, y basar los criterios de adopción en la tutela e intereses del menor".

En declaraciones a Veritas, el vicepresidente del FEF y ex secretario de Estado, Benigno Blanco, señaló que, "la aceptación a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular es, por una parte, algo obligado por parte del Congreso, al ser el ejercicio un derecho constitucional de los españoles".

Según Blanco, la iniciativa "es una demostración de la madurez de las asociaciones familiares, que están dispuestas a defender por los cauces previstos -en el ordenamiento jurídico democrático a la familia y al matrimonio, frente a intentos legislativos que supondrían un grave ataque a estas instituciones".

En un comunicado remitido hoy a los medios, el FEF reconoció que la medida se toma "ante la falta de diálogo del Gobierno con las asociaciones familiares, y su pretensión de equiparar legalmente otros modos de convivencia esencialmente distintos al matrimonio, como las parejas de hecho o las uniones del mismo sexo".

Además, el Foro denuncia que "legislar del mismo modo diferentes situaciones y relaciones supone una injusticia y va en detrimento de la estabilidad". La organización familiar aclaró que, con la iniciativa se trata, fundamentalmente, "de evitar confusiones entre los distintos tipos de uniones, garantizando la mayor libertad y pluralidad".

"Esta propuesta no discrimina ni va contra los derechos de nadie, sino que opta por el pluralismo social salvaguardando los perfiles y definición del matrimonio" añadió en su nota el FEF.

Respecto a la adopción de menores, el Foro basó su criterio "atendiendo a los derechos de los niños y la tutela e intereses del menor"

La propuesta deberá ser apoyada por 500.000 firmas, en un plazo de 6 meses a contar a partir de que la Junta Electoral Central lo notifique a los promotores. Una vez recogidas las firmas, el Congreso estará obligado a debatir y votar la IniciBativa Legislativa Popular en el Parlamento.

LA FAMILIA: REALIDAD MÁS VALORADA

POR UN LARGO DEBATE
Por JAVIER CREMADES Abogado/
EL próximo otoño será, probablemente, uno de los más calientes que se recuerden en política. Zapatero y su Gobierno, que estrenan su primer curso político completo -con toda la legislatura por delante-, afrontan una agenda que comporta el debate y la adopción de medidas de gran calado para la sociedad española. Es opinión generalizada entre líderes políticos e intelectuales que la gran cuestión de esta legislatura es la apertura del melón constitucional para redefinir la organización territorial del Estado. No es ese mi criterio. La plasmación constitucional de ese debate, ya iniciado, producirá sin duda cambios, pero no supondrá la fragmentación de España. El dique de contención de la Constitución -y su proceso agravado de reforma- marcará el alcance de esa transformación, que probablemente pase por conceder a las Comunidades Autónomas algún poder en las decisiones del Estado que les afecten -derechos de codecisión, a través de la segunda Cámara-, y por algunos cambios semánticos en las definiciones, que resten ansiedad a la jaleada parroquia nacionalista. A pesar del fundado temor de muchos, España no corre peligro por ese flanco: el esqueleto político de los españoles seguirá bien armado.

Pero una sociedad no es sólo vertebración del poder, sino que tiene y necesita unos órganos vitales a los que también afecta la acción del Estado. En este sentido, es de mayor alcance la propuesta del ministro López Aguilar de equiparar las uniones homosexuales al matrimonio, otorgándoles incluso el derecho a la adopción. Es esta una cuestión delicadísima, que está siendo objeto de profunda discusión en buena parte de los países de la comunidad internacional de nuestro entorno, porque afecta al corazón de la sociedad: la familia.

Especialmente intenso, y esclarecedor de lo que realmente está en juego, resulta el debate que mantiene la izquierda francesa con motivo del desafío que el alcalde de Bègles, Noel Mamère, presentó al Estado anunciando la celebración de una «boda gay» para el pasado mes de junio. La respuesta de la Mesa Nacional del Partido Socialista francés (PS) a ese desafío fue la propuesta de su primer secretario, François Hollande, de preparar una proposición de ley para equiparar las uniones homosexuales al matrimonio, aprobada sin votación. No prosperó, sin embargo, otra propuesta de reforma legal para permitirles la adopción de niños y la patria potestad conjunta. En este punto los socialistas franceses se mostraron muy cautos y prefirieron esperar hasta que tenga lugar «un largo debate». Ante esta decisión, Lionel Jospin y otros destacados líderes socialistas manifestaron su disconformidad (Le Monde, 13-V-04). Se quejaban de que la idea estaba poco pensada y lamentaron que el PS hubiera hecho del matrimonio gay una prioridad artificial, dejando que la provocación de Mamère fijase el orden del día.

Ségolène Royal, ex ministra socialista de la familia y compañera de Hollande, con quien comparte cuatro hijos, fue más contundente al entrar en el fondo de la cuestión, en declaraciones a Le Monde: «La familia y la autoridad parental son valores que es necesario reforzar en nuestra sociedad, donde una buena parte de los adolescentes sufre por la ausencia de adultos que ya no ejercen su papel de referentes». Según la ex ministra socialista, el marco legal para las parejas homosexuales no debía ir más allá del vigente pacto civil de solidaridad (PACS), abierto a uniones de distintos tipos. «Por tanto -añadió-, si se trata de mejorar un contrato civil a favor de la igualdad de derechos, sí. Si se trata de una confusión de los puntos de referencia y una provocación injustificada a las convicciones familiares y religiosas, no». Royal también advirtió del riesgo de impedir el debate tapando la boca a los disidentes: «No es ser homófobo ni reaccionario -dijo- creer que son respetables y legítimas las opiniones de quienes mantienen reservas sobre el matrimonio homosexual».

Por su parte, también Lionel Jospin, que era el primer ministro en 1999, cuando se aprobó el PACS, reclamaba «la libertad de debatir verdaderamente», asombrado de que en la izquierda los tabúes no siempre están donde cabría esperar: «Veo que se esboza una nueva tentación biempensante, incluso un temor a ser acusado de homofobia, que podrían impedir que el debate se desarrolle honestamente. Pero se puede reprobar y combatir la homofobia y a la vez no ser favorable al matrimonio homosexual, como es mi caso» (Le Journal du Dimanche, 16-V-04).

Al explicar su postura, Jospin insiste en que no se deben confundir los deseos individuales con las leyes e instituciones. «En el debate que se ha iniciado, oigo hablar de deseos, de rechazo a las discriminaciones, de derecho al niño -cuando se debería poner por delante el derecho del niño- y de igualdad de derechos, como si el principio de igualdad de derechos debiera anular toda diferencia. En cambio, he oído hablar poco de instituciones, que es lo esencial». Pues bien, «el matrimonio es, en su principio y como institución, «la unión de un hombre y una mujer». Esta definición no obedece al azar. Ante todo remite no a una inclinación sexual, sino a la dualidad de sexos que caracteriza nuestra existencia y que es la condición de la procreación y, por tanto, de la perpetuación de la humanidad». En efecto, prosigue Jospin, «el género humano no está dividido entre heterosexuales y homosexuales -ahí se trata de una preferencia-, sino entre hombres y mujeres. Por su parte, «el niño no es un bien que pueda procurarse una pareja heterosexual u homosexual: es una persona nacida de la unión entre un hombre y una mujer». En fin, según el político socialista, no se puede desnaturalizar el matrimonio para dar cabida en él a otras opciones: «Se puede respetar la preferencia amorosa de cada uno sin institucionalizar automáticamente las costumbres».

Mientras el mundo entero delibera cuidadosamente lo que conviene hacer sobre esta trascendental cuestión, en España Zapatero quiere resolverla de forma inmediata. Sorprende mucho que se trate de atajar prácticamente en un trimestre una propuesta tan espinosa sobre la que apenas se acaba de iniciar en España un primer intercambio de pareceres y sobre la que hay planteados serios interrogantes éticos, jurídicos (art. 32.1 de la Constitución española), psicológicos y pedagógicos.

La familia sigue funcionando relativamente bien en España y no conviene hacer experimentos con ella. Los españoles, como señalan una encuesta del CIS tras otra, la siguen considerando como la realidad más valorada, por encima de todas las demás instituciones sociales y políticas. Ante las dudas que tantas personas y grupos de diferente cariz plantean sobre las medidas anunciadas es necesario abrir un verdadero y profundo debate social en el que psicólogos y psiquiatras, pedagogos, médicos y juristas aporten sus opiniones, para que todos puedan fundar su posición. También convendría conocer mejor a la comunidad homosexual, a través de información objetiva, que nunca debe convertirse en propaganda. Es necesario, además, antes de decidir si podrán ser entregados niños en adopción a dos hombres o a dos mujeres homosexuales conocer la opinión de los menores, como prevé la Ley del Menor para toda decisión que les afecte. El interés del menor es un punto clave en la institución jurídica de la adopción, que nunca y en ningún lugar se concibe como un derecho de los que adoptan, sino del niño adoptado a crecer en un entorno estable y adecuado para su desarrollo como persona.

Necesitamos, en definitiva, debatir con luz y taquígrafos, sin chantajes ni improvisaciones, si esta alteración del matrimonio y la adopción es justa y nos conviene a la mayoría de los españoles. Estoy seguro de que, frente a los precipitados anuncios en los primeros meses de Legislatura, el Gobierno no hurtará a la sociedad española el debate largo que la cuestión del pretendido matrimonio entre homosexuales demanda.

Adopción

Abogados y educadores defienden el derecho del niño a tener un padre y una madre

BARCELONA, martes, 25 mayo 2004 (ZENIT.org-Veritas).- Profesionales de toda España implicados en los derechos, educación y desarrollo de los niños se están manifestando por escrito contra la adopción de menores por parejas homosexuales y pedirán al gobierno español que defienda su derecho a poseer un referente masculino y otro femenino.

La asociación Profesionales por la Ética ha iniciado una campaña de adhesiones a un manifiesto redactado «ante el propósito del gobierno de reformar el Código Civil y permitir la adopción de menores por parte de parejas homosexuales» que se enviarán a las máximas autoridades responsables.

El manifiesto señala que «los niños tienen derecho a formar parte de una familia semejante a la familia natural, constituida por un hombre y una mujer, únicos seres que, juntos, tienen capacidad de procrear».

También defiende el derecho de los menores «a crecer en un entorno que les permita el desarrollo de su personalidad física, intelectual y moral» y recuerda que «no existe el derecho del adulto a tener un hijo ni por filiación natural ni por filiación adoptiva».

Profesionales por la Ética también invita a abogados, médicos, educadores, etcétera a defender el derecho del niño a «no ser discriminado ni sometido a experimentos traumáticos».

El manifiesto señala que «los niños, desde los primeros meses de vida, elaboran la figura del padre y de la madre independientemente de que conozcan o no a sus padres biológicos y que la figura masculina con la que tienen más relación constituye su referencia de padre, mientras que la mujer que está más cerca del niño constituye, a sus ojos, la figura de la madre».

«La legislación española --recuerdan-- establece que el régimen jurídico de la adopción se fundamenta en los principios de integración del niño en una familia y en la primacía del beneficio del menor que va a ser adoptado».

La asociación española también advierte de la falta de «estudios científicos rigurosos sobre las consecuencias que tendría en los niños la adopción por homosexuales».

El manifiesto recuerda algunos nombres y asociaciones que han mostrado su rechazo o prevención respecto a la adopción de niños por parejas homosexuales, como la Asociación Española de Pediatría, el primer ministro de Australia John Howard y líderes socialistas como Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Lionel Jospin.

Finalmente, alude a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dio la razón a la Administración francesa cuando ésta negó la adopción al homosexual Philippe Fretté.

EN DEFENSA DEL MATRIMONIO

Ignacio Aréchaga

Los obispos advierten que “si el Estado procede a dar curso legal a un supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo, la institución matrimonial quedará seriamente afectada. Fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en peligro todo el sistema económico. De igual manera igualar las uniones homosexuales a los verdaderos matrimonios es introducir un peligroso factor de disolución de la institución matrimonial y, con ella, del justo orden social”.
El gobierno responde, por boca del ministro de Justicia, que “la jerarquía católica no puede ni debe interferir en la actuación del legislador en el ámbito que le corresponde” y que así como nadie discute a la Iglesia su derecho a regular el sacramento del matrimonio, el Estado reclama la autoridad para regular el matrimonio civil.

En la réplica del gobierno se advierte ya una experimentada táctica: convicciones que forman parte del patrimonio moral de la civilización, pasan a ser etiquetadas como creencias religiosas personales e intransferibles, lo que permite descartarlas de entrada a la hora de legislar. López Aguilar señaló que “desde ese mismo respeto que el gobierno profesa a la Iglesia, reclamará respeto a lo que para la mayoría de la sociedad está fuera de discusión”.

Pero si hay algo que no está fuera de discusión es una ley sobre el matrimonio, que afecta a los ya casados y a los que se casarán. Los ya casados se unieron sobre la base de un concepto de matrimonio que ahora se pretende alterar. Por lo tanto, tienen algo que decir. Y los que se casarán tomarán también su decisión teniendo en cuenta el tipo de matrimonio que la ley diseñe.

Este debate, que está abierto en España como en otros países, exige una discusión seria. Lo que importa no es si una postura sobre el matrimonio coincide o no con creencias religiosas o ateas, sino la sabiduría de sus argumentos, las consecuencias que se derivan de ella, las razones jurídicas que la avalan.

Por eso no tiene sentido decir que la Iglesia católica pretende “imponer” su doctrina a la sociedad. Todo grupo que se pronuncia sobre una ley pretende influir en ella, lo cual es un mecanismo sano en una sociedad democrática que busca la participación de los ciudadanos. Por la misma razón podría decirse que la Federación de gays y lesbianas pretende imponer su peculiar concepción del matrimonio a la sociedad. O que Greenpeace quiere imponer su particular visión a todos cuando se pronuncia sobre las centrales nucleares. Al final, la ley se adoptará por mayoría en el Parlamento, y los que tengan más votos impondrán su concepción del matrimonio a todos los demás.

Pero lo que está en juego no es la contraposición entre matrimonio civil y canónico, sino algo que afecta a la razón de ser del matrimonio civil. Cuando en 1998 se discutió en Francia el llamado Pacto Civil de Solidaridad (PACS), que daba un estatuto legal a las uniones de hecho, también a las homosexuales, y las equiparaba en algunos derechos con el matrimonio, las Iglesias (católicos, protestantes, musulmanes y judíos) se manifestaron en contra. Pero también hubo una declaración, firmada por más de 18.800 alcaldes (unos dos mil de izquierda, seis mil de derecha y más de diez mil independientes), en “defensa del matrimonio republicano”, en la que se oponían a refrendar las uniones homosexuales. Y eso que el PACS, después aprobado, no tiene ni mucho menos el rango de matrimonio.

Los alcaldes firmantes de la declaración recordaban que la República hizo del matrimonio una celebración laica, presidida por el alcalde: “No hay otro acontecimiento en la vida del ciudadano, de su nacimiento a su muerte, que reciba tal honor”. Los alcaldes temían el descrédito que podía sufrir el matrimonio civil, al equiparar en ciertos derechos a las uniones homosexuales con el matrimonio. “Este pequeño grupo [activistas homosexuales], que tiene que hacer tanto ruido al ser muy minoritario, se preocupa poco de las consecuencias de la ley sobre el conjunto de la sociedad”. Si hay que reconocer con solemnidad pública las uniones homosexuales, “¿por qué no la unión polígama? –se preguntaban los alcaldes–. ¿En qué es menos respetable que la familia homosexual?”. Cuestión no meramente teórica, habida cuenta de la creciente presencia en Europa de grupos étnicos que admiten la poligamia.