LA FAMILIA: REALIDAD MÁS VALORADA
POR UN LARGO DEBATE
Por JAVIER CREMADES Abogado/
EL próximo otoño será, probablemente, uno de los más calientes que se recuerden en política. Zapatero y su Gobierno, que estrenan su primer curso político completo -con toda la legislatura por delante-, afrontan una agenda que comporta el debate y la adopción de medidas de gran calado para la sociedad española. Es opinión generalizada entre líderes políticos e intelectuales que la gran cuestión de esta legislatura es la apertura del melón constitucional para redefinir la organización territorial del Estado. No es ese mi criterio. La plasmación constitucional de ese debate, ya iniciado, producirá sin duda cambios, pero no supondrá la fragmentación de España. El dique de contención de la Constitución -y su proceso agravado de reforma- marcará el alcance de esa transformación, que probablemente pase por conceder a las Comunidades Autónomas algún poder en las decisiones del Estado que les afecten -derechos de codecisión, a través de la segunda Cámara-, y por algunos cambios semánticos en las definiciones, que resten ansiedad a la jaleada parroquia nacionalista. A pesar del fundado temor de muchos, España no corre peligro por ese flanco: el esqueleto político de los españoles seguirá bien armado.
Pero una sociedad no es sólo vertebración del poder, sino que tiene y necesita unos órganos vitales a los que también afecta la acción del Estado. En este sentido, es de mayor alcance la propuesta del ministro López Aguilar de equiparar las uniones homosexuales al matrimonio, otorgándoles incluso el derecho a la adopción. Es esta una cuestión delicadísima, que está siendo objeto de profunda discusión en buena parte de los países de la comunidad internacional de nuestro entorno, porque afecta al corazón de la sociedad: la familia.
Especialmente intenso, y esclarecedor de lo que realmente está en juego, resulta el debate que mantiene la izquierda francesa con motivo del desafío que el alcalde de Bègles, Noel Mamère, presentó al Estado anunciando la celebración de una «boda gay» para el pasado mes de junio. La respuesta de la Mesa Nacional del Partido Socialista francés (PS) a ese desafío fue la propuesta de su primer secretario, François Hollande, de preparar una proposición de ley para equiparar las uniones homosexuales al matrimonio, aprobada sin votación. No prosperó, sin embargo, otra propuesta de reforma legal para permitirles la adopción de niños y la patria potestad conjunta. En este punto los socialistas franceses se mostraron muy cautos y prefirieron esperar hasta que tenga lugar «un largo debate». Ante esta decisión, Lionel Jospin y otros destacados líderes socialistas manifestaron su disconformidad (Le Monde, 13-V-04). Se quejaban de que la idea estaba poco pensada y lamentaron que el PS hubiera hecho del matrimonio gay una prioridad artificial, dejando que la provocación de Mamère fijase el orden del día.
Ségolène Royal, ex ministra socialista de la familia y compañera de Hollande, con quien comparte cuatro hijos, fue más contundente al entrar en el fondo de la cuestión, en declaraciones a Le Monde: «La familia y la autoridad parental son valores que es necesario reforzar en nuestra sociedad, donde una buena parte de los adolescentes sufre por la ausencia de adultos que ya no ejercen su papel de referentes». Según la ex ministra socialista, el marco legal para las parejas homosexuales no debía ir más allá del vigente pacto civil de solidaridad (PACS), abierto a uniones de distintos tipos. «Por tanto -añadió-, si se trata de mejorar un contrato civil a favor de la igualdad de derechos, sí. Si se trata de una confusión de los puntos de referencia y una provocación injustificada a las convicciones familiares y religiosas, no». Royal también advirtió del riesgo de impedir el debate tapando la boca a los disidentes: «No es ser homófobo ni reaccionario -dijo- creer que son respetables y legítimas las opiniones de quienes mantienen reservas sobre el matrimonio homosexual».
Por su parte, también Lionel Jospin, que era el primer ministro en 1999, cuando se aprobó el PACS, reclamaba «la libertad de debatir verdaderamente», asombrado de que en la izquierda los tabúes no siempre están donde cabría esperar: «Veo que se esboza una nueva tentación biempensante, incluso un temor a ser acusado de homofobia, que podrían impedir que el debate se desarrolle honestamente. Pero se puede reprobar y combatir la homofobia y a la vez no ser favorable al matrimonio homosexual, como es mi caso» (Le Journal du Dimanche, 16-V-04).
Al explicar su postura, Jospin insiste en que no se deben confundir los deseos individuales con las leyes e instituciones. «En el debate que se ha iniciado, oigo hablar de deseos, de rechazo a las discriminaciones, de derecho al niño -cuando se debería poner por delante el derecho del niño- y de igualdad de derechos, como si el principio de igualdad de derechos debiera anular toda diferencia. En cambio, he oído hablar poco de instituciones, que es lo esencial». Pues bien, «el matrimonio es, en su principio y como institución, «la unión de un hombre y una mujer». Esta definición no obedece al azar. Ante todo remite no a una inclinación sexual, sino a la dualidad de sexos que caracteriza nuestra existencia y que es la condición de la procreación y, por tanto, de la perpetuación de la humanidad». En efecto, prosigue Jospin, «el género humano no está dividido entre heterosexuales y homosexuales -ahí se trata de una preferencia-, sino entre hombres y mujeres. Por su parte, «el niño no es un bien que pueda procurarse una pareja heterosexual u homosexual: es una persona nacida de la unión entre un hombre y una mujer». En fin, según el político socialista, no se puede desnaturalizar el matrimonio para dar cabida en él a otras opciones: «Se puede respetar la preferencia amorosa de cada uno sin institucionalizar automáticamente las costumbres».
Mientras el mundo entero delibera cuidadosamente lo que conviene hacer sobre esta trascendental cuestión, en España Zapatero quiere resolverla de forma inmediata. Sorprende mucho que se trate de atajar prácticamente en un trimestre una propuesta tan espinosa sobre la que apenas se acaba de iniciar en España un primer intercambio de pareceres y sobre la que hay planteados serios interrogantes éticos, jurídicos (art. 32.1 de la Constitución española), psicológicos y pedagógicos.
La familia sigue funcionando relativamente bien en España y no conviene hacer experimentos con ella. Los españoles, como señalan una encuesta del CIS tras otra, la siguen considerando como la realidad más valorada, por encima de todas las demás instituciones sociales y políticas. Ante las dudas que tantas personas y grupos de diferente cariz plantean sobre las medidas anunciadas es necesario abrir un verdadero y profundo debate social en el que psicólogos y psiquiatras, pedagogos, médicos y juristas aporten sus opiniones, para que todos puedan fundar su posición. También convendría conocer mejor a la comunidad homosexual, a través de información objetiva, que nunca debe convertirse en propaganda. Es necesario, además, antes de decidir si podrán ser entregados niños en adopción a dos hombres o a dos mujeres homosexuales conocer la opinión de los menores, como prevé la Ley del Menor para toda decisión que les afecte. El interés del menor es un punto clave en la institución jurídica de la adopción, que nunca y en ningún lugar se concibe como un derecho de los que adoptan, sino del niño adoptado a crecer en un entorno estable y adecuado para su desarrollo como persona.
Necesitamos, en definitiva, debatir con luz y taquígrafos, sin chantajes ni improvisaciones, si esta alteración del matrimonio y la adopción es justa y nos conviene a la mayoría de los españoles. Estoy seguro de que, frente a los precipitados anuncios en los primeros meses de Legislatura, el Gobierno no hurtará a la sociedad española el debate largo que la cuestión del pretendido matrimonio entre homosexuales demanda.
Por JAVIER CREMADES Abogado/
EL próximo otoño será, probablemente, uno de los más calientes que se recuerden en política. Zapatero y su Gobierno, que estrenan su primer curso político completo -con toda la legislatura por delante-, afrontan una agenda que comporta el debate y la adopción de medidas de gran calado para la sociedad española. Es opinión generalizada entre líderes políticos e intelectuales que la gran cuestión de esta legislatura es la apertura del melón constitucional para redefinir la organización territorial del Estado. No es ese mi criterio. La plasmación constitucional de ese debate, ya iniciado, producirá sin duda cambios, pero no supondrá la fragmentación de España. El dique de contención de la Constitución -y su proceso agravado de reforma- marcará el alcance de esa transformación, que probablemente pase por conceder a las Comunidades Autónomas algún poder en las decisiones del Estado que les afecten -derechos de codecisión, a través de la segunda Cámara-, y por algunos cambios semánticos en las definiciones, que resten ansiedad a la jaleada parroquia nacionalista. A pesar del fundado temor de muchos, España no corre peligro por ese flanco: el esqueleto político de los españoles seguirá bien armado.
Pero una sociedad no es sólo vertebración del poder, sino que tiene y necesita unos órganos vitales a los que también afecta la acción del Estado. En este sentido, es de mayor alcance la propuesta del ministro López Aguilar de equiparar las uniones homosexuales al matrimonio, otorgándoles incluso el derecho a la adopción. Es esta una cuestión delicadísima, que está siendo objeto de profunda discusión en buena parte de los países de la comunidad internacional de nuestro entorno, porque afecta al corazón de la sociedad: la familia.
Especialmente intenso, y esclarecedor de lo que realmente está en juego, resulta el debate que mantiene la izquierda francesa con motivo del desafío que el alcalde de Bègles, Noel Mamère, presentó al Estado anunciando la celebración de una «boda gay» para el pasado mes de junio. La respuesta de la Mesa Nacional del Partido Socialista francés (PS) a ese desafío fue la propuesta de su primer secretario, François Hollande, de preparar una proposición de ley para equiparar las uniones homosexuales al matrimonio, aprobada sin votación. No prosperó, sin embargo, otra propuesta de reforma legal para permitirles la adopción de niños y la patria potestad conjunta. En este punto los socialistas franceses se mostraron muy cautos y prefirieron esperar hasta que tenga lugar «un largo debate». Ante esta decisión, Lionel Jospin y otros destacados líderes socialistas manifestaron su disconformidad (Le Monde, 13-V-04). Se quejaban de que la idea estaba poco pensada y lamentaron que el PS hubiera hecho del matrimonio gay una prioridad artificial, dejando que la provocación de Mamère fijase el orden del día.
Ségolène Royal, ex ministra socialista de la familia y compañera de Hollande, con quien comparte cuatro hijos, fue más contundente al entrar en el fondo de la cuestión, en declaraciones a Le Monde: «La familia y la autoridad parental son valores que es necesario reforzar en nuestra sociedad, donde una buena parte de los adolescentes sufre por la ausencia de adultos que ya no ejercen su papel de referentes». Según la ex ministra socialista, el marco legal para las parejas homosexuales no debía ir más allá del vigente pacto civil de solidaridad (PACS), abierto a uniones de distintos tipos. «Por tanto -añadió-, si se trata de mejorar un contrato civil a favor de la igualdad de derechos, sí. Si se trata de una confusión de los puntos de referencia y una provocación injustificada a las convicciones familiares y religiosas, no». Royal también advirtió del riesgo de impedir el debate tapando la boca a los disidentes: «No es ser homófobo ni reaccionario -dijo- creer que son respetables y legítimas las opiniones de quienes mantienen reservas sobre el matrimonio homosexual».
Por su parte, también Lionel Jospin, que era el primer ministro en 1999, cuando se aprobó el PACS, reclamaba «la libertad de debatir verdaderamente», asombrado de que en la izquierda los tabúes no siempre están donde cabría esperar: «Veo que se esboza una nueva tentación biempensante, incluso un temor a ser acusado de homofobia, que podrían impedir que el debate se desarrolle honestamente. Pero se puede reprobar y combatir la homofobia y a la vez no ser favorable al matrimonio homosexual, como es mi caso» (Le Journal du Dimanche, 16-V-04).
Al explicar su postura, Jospin insiste en que no se deben confundir los deseos individuales con las leyes e instituciones. «En el debate que se ha iniciado, oigo hablar de deseos, de rechazo a las discriminaciones, de derecho al niño -cuando se debería poner por delante el derecho del niño- y de igualdad de derechos, como si el principio de igualdad de derechos debiera anular toda diferencia. En cambio, he oído hablar poco de instituciones, que es lo esencial». Pues bien, «el matrimonio es, en su principio y como institución, «la unión de un hombre y una mujer». Esta definición no obedece al azar. Ante todo remite no a una inclinación sexual, sino a la dualidad de sexos que caracteriza nuestra existencia y que es la condición de la procreación y, por tanto, de la perpetuación de la humanidad». En efecto, prosigue Jospin, «el género humano no está dividido entre heterosexuales y homosexuales -ahí se trata de una preferencia-, sino entre hombres y mujeres. Por su parte, «el niño no es un bien que pueda procurarse una pareja heterosexual u homosexual: es una persona nacida de la unión entre un hombre y una mujer». En fin, según el político socialista, no se puede desnaturalizar el matrimonio para dar cabida en él a otras opciones: «Se puede respetar la preferencia amorosa de cada uno sin institucionalizar automáticamente las costumbres».
Mientras el mundo entero delibera cuidadosamente lo que conviene hacer sobre esta trascendental cuestión, en España Zapatero quiere resolverla de forma inmediata. Sorprende mucho que se trate de atajar prácticamente en un trimestre una propuesta tan espinosa sobre la que apenas se acaba de iniciar en España un primer intercambio de pareceres y sobre la que hay planteados serios interrogantes éticos, jurídicos (art. 32.1 de la Constitución española), psicológicos y pedagógicos.
La familia sigue funcionando relativamente bien en España y no conviene hacer experimentos con ella. Los españoles, como señalan una encuesta del CIS tras otra, la siguen considerando como la realidad más valorada, por encima de todas las demás instituciones sociales y políticas. Ante las dudas que tantas personas y grupos de diferente cariz plantean sobre las medidas anunciadas es necesario abrir un verdadero y profundo debate social en el que psicólogos y psiquiatras, pedagogos, médicos y juristas aporten sus opiniones, para que todos puedan fundar su posición. También convendría conocer mejor a la comunidad homosexual, a través de información objetiva, que nunca debe convertirse en propaganda. Es necesario, además, antes de decidir si podrán ser entregados niños en adopción a dos hombres o a dos mujeres homosexuales conocer la opinión de los menores, como prevé la Ley del Menor para toda decisión que les afecte. El interés del menor es un punto clave en la institución jurídica de la adopción, que nunca y en ningún lugar se concibe como un derecho de los que adoptan, sino del niño adoptado a crecer en un entorno estable y adecuado para su desarrollo como persona.
Necesitamos, en definitiva, debatir con luz y taquígrafos, sin chantajes ni improvisaciones, si esta alteración del matrimonio y la adopción es justa y nos conviene a la mayoría de los españoles. Estoy seguro de que, frente a los precipitados anuncios en los primeros meses de Legislatura, el Gobierno no hurtará a la sociedad española el debate largo que la cuestión del pretendido matrimonio entre homosexuales demanda.
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